La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez, tiene ya sobre la mesa la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que cite de forma inmediata a declarar, en calidad de imputados, a los exconsejeros de la Junta investigados por su presunta implicación en el caso de los ERE fraudulentos pero a los que ahora, al no sentarse ya en el Parlamento, se les ha esfumado la condición especial de aforados que limitaba esas indagaciones al TSJA.
El Ministerio Público reclama que “a la mayor brevedad” se informe de su nueva condición de imputados, y por lo tanto se comunique fecha para prestar declaración, a Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administración Pública; a Francisco Vallejo, extitular de la cartera de Innovación, y a los exresponsables de Empleo Antonio Ávila y Manuel Recio. Anticorrupción asume que ya existe “testimonio remitido por el TSJA de sus diligencias previas incoadas en la causa especial número 1/2015”, pero recuerda que en los cuatro casos los implicados han perdido su condición de parlamentarios, lo que conlleva también que ya no gocen del paraguas del aforamiento. En todos los casos, la Fiscalía solicita que se faciliten las agendas políticas comprendidas entre los años 2000 y 2011.
En la justificación de la petición se cita de forma expresa el riesgo de que en cualquier momento procesal las defensas de los exconsejeros “puedan alegar, en defensa de sus legítimos intereses, la prescripción o cualquier tipo de indefensión derivada de no poder articular de manera eficiente sus medios de defensa”. Y eso, insiste el Ministerio Público, implicaría someterse al riesgo de una “nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial” de las pruebas incluidas en el proceso.
Mercedes Alaya, por entonces titular del juzgado que ahora dirige Núñez, señaló en enero de este año a los cuatro exconsejeros como posibles autores de delitos de prevaricación y malversación de fondos en la trama de los ERE.
