El equipo de gobierno de Estepona ha aprobado en pleno solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía que dictamine sobre la anulación de dos pólizas de seguro bancario "abusivas e innecesarias", que fueron contratadas en 2007 y 2008, y que le han supuesto al Ayuntamiento de Estepona un pago hasta ahora de más de 3,4 millones de euros.
El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, ha explicado que el objetivo es cancelar estas pólizas, que están vigentes hasta el año 2022, por lo que aún quedarían pendientes de pago otros 2,2 millones de euros; así como reclamar las cantidades ya abonadas por este concepto. La propuesta ha contado con los votos favorables de Costa del Sol Sí Puede e IU, y la abstención del PSOE.
En un comunicado, el edil ha indicado que esta operación ha resultado "especialmente gravosa y perjudicial para las cuentas y los intereses municipales". En la información que se remitirá al ente autonómico, el Consistorio incluirá documentos que "ponen en evidencia que la anterior corporación (PSOE e IU) contrató los seguros sin seguir ningún procedimiento administrativo y sin obtener la autorización de los órganos municipales competentes", tal y como pone de manifiesto la Intervención municipal.
Además, ha señalado que estos seguros que se contrataron a una entidad bancaria para dos préstamos a largo plazo "eran perjudiciales para el Ayuntamiento porque éste no se podía beneficiar en ninguno de los escenarios que planteaban las cláusulas de las pólizas". De hecho, la Intervención municipal pone de manifiesto en un informe que "no garantiza la cobertura de riesgo para la administración y sí para la entidad financiera".
El edil ha recordado que los productos contratados por los anteriores responsables municipales "no beneficiaban al Consistorio en ningún caso" y "que son otro ejemplo más del despilfarro y de la mala gestión".
IBI
Por otro lado, el equipo de gobierno ha aprobado en pleno la ordenanza fiscal para el ejercicio 2016. Aguilar ha explicado que con este documento económico, el Ayuntamiento bajará por quinto año consecutivo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), alcanzando el próximo año una reducción acumulada --desde 2012-- del 12 por ciento.
En concreto, en el recibo del próximo año, los ciudadanos se beneficiarán de una reducción que oscilará entre el dos y el cinco por ciento. Ha recordado que esta reducción viene acompañada de la entrada en vigor, en 2016, de la reducción del 50 por ciento de los valores catastrales de los inmuebles para adecuarlos a la realidad actual, por lo que los ciudadanos de Estepona "se beneficiarán además de una reducción en los impuestos nacionales y autonómicos".
Aguilar ha recordado que este equipo de gobierno "ha cumplido desde el primer año de mandato con la promesa de reducir la presión fiscal" y que en las ordenanzas municipales se recogen una veintena de medidas.
Además, los presupuestos municipales destinan más de cinco millones de euros para bonificar el IBI a los empadronados y la basura a los jubilados y parados, que están exentos de pagar esta tasa. El edil ha dicho "no entender por qué la oposición desprecia esta reducción de impuestos".
Ha apuntado que "fue el gobierno del PSOE e IU quien cada año aumentaba el recibo del IBI y quien pidió en 2007 la revisión de los valores catastrales en la localidad, incrementando los valores de los inmuebles a una dimensión que no se correspondía con la realidad del mercado".
La ordenanza fiscal para 2016 también mantiene la reducción en la plusvalía para favorecer la compraventa de inmuebles. Este impuesto acumula una reducción del 69 por ciento, y mantiene la bonificación para los herederos de hasta el 85 por ciento de esta cuota en las herencias.
Asimismo, se mantiene la medida municipal de eximir del pago de la plusvalía a aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios o desahucios. Aguilar ha subrayado, en relación con este punto, que el equipo de gobierno "fue uno de los primeros en España en incluir una medida de justicia y solidaria con los más desfavorecidos".
Entre las medidas de apoyo fiscal destaca la eliminación de la tasa de apertura para 35 tipos de actividades económicas; la bonificación del 75 por ciento en la tasa de apertura para colectivos vulnerables; la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la actividad industrial de los polígonos; y la rebaja del 50 por ciento en la tasa de ocupación de la vía pública a los comerciantes que se hayan acogido a la ordenanza municipal.
Asimismo, está la rebaja del 50 por ciento en las cuotas de la matrícula y del servicio de comedor de las guarderías municipales para las unidades familiares en circunstancias especiales y una bonificación de hasta el 100 por cien de la cuota por el uso del Palacio de Congresos para asociaciones locales que desarrollen actividades culturales.
Al respecto, los socialistas han considerado que la modificación de las ordenanzas fiscales "no recoge realmente una bajada considerable de impuestos", sino que "el Ayuntamiento ha jugado con números y ha contrarrestado la bajada en los valores catastrales con la subida en los tipos impositivos".
OTRAS APROBACIONES
También se ha aprobado de forma inicial una modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para convertir la parcela del antiguo edificio de Prasa en una gran plaza-mirador con un equipamiento de uso socio-cultural. El objetivo del Consistorio es recuperar este suelo que se encuentra abandonado y sin uso desde que se derribó la estructura existente.
La teniente de alcalde de Fomento, Ana Velasco, ha señalado que la parcela está en un espacio "clave", junto al paseo marítimo de La Rada, y que el expediente "cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables". Se cambia la calificación urbanística del suelo, que pasa a convertirse en un sistema general de equipamiento público, por lo que se reducen sus parámetros edificatorios y se garantiza "que no se puedan desarrollar proyectos que supongan un fuerte impacto visual o incumplan otras normativas".
Sobre esta parcela de suelo urbano se concedió en junio de 1999 una licencia de obras conforme al planeamiento en vigor que tuvieron que ser paralizadas porque invadía la zona de dominio público marítimo-terrestre y excedía lo contemplado en el permiso concedido. Tras la demolición en 2008 de la estructura ejecutada, la parcela no ha vuelto a tener otras solicitudes.
En materia urbanística, el Pleno ha dado luz verde a un acuerdo para una tubería desde Guadalmansa a la zona de Valle Romano, que permita abastecer de agua reciclada a los campos de golf del área occidental del municipio. Esta infraestructura, que será costeada por las promotoras de urbanizaciones de la zona, pagará además un canon anual de 18.000 euros al Consistorio. Tras 20 años, pasará a ser de titularidad municipal.
PSOE
En este pleno, el PSOE ha defendido en una moción la necesidad de contar con zonas infantiles de ocio adaptadas a niños con discapacidad, una petición que "ha sido aceptada por el pleno, por lo que nos sentimos satisfechos de que en breve los parques accesibles sean una realidad para Estepona", han informado desde el partido en un comunicado.
Asimismo, han indicado que también se ha sometido a votación la liquidación negativa de la Participación Municipal en los Tributos del Estado, y la posición de los socialistas "ha sido tajante, no apoya un aplazamiento en el pago de la cantidad de 1.289.662,06 euros dilatada en 10 años", proponiendo que se aplace durante este mandato.
Por último, el PSOE de Estepona ha mostrado su satisfacción por "conseguir, a través de otras dos mociones, un arreglo necesario en el camino de las Alberdinas y que se apoye institucionalmente al sector de los taxis".
