La recuperación de la figura del Defensor del Ciudadano se encuentra ya en su fase administrativa, una vez que el Gobierno local ha remitido ya al secretario municipal un borrador de propuesta que persigue el encaje de esta herramienta en la Ley de Grandes Ciudades, teniendo en cuenta que al amparo de esta normativa se creó una comisión de Sugerencias y Reclamaciones que venía a sustituirla.
El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, entiende por tanto que el Gobierno ha cumplido ya con su primer compromiso y se encuentra ahora a expensas de la culminación del procedimiento administrativo. La idea es que el documento que regule la recuperación de esta figura pueda ser sometido a su aprobación inicial en el Pleno del próximo mes de junio. Posteriormente deberá abrirse el preceptivo periodo de exposición pública, en el transcurso del cual podrán presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, para a continuación elevar a definitiva la aprobación inicial.
Con todas las reservas lógicas de un procedimiento de estas características, la previsión del Gobierno local es que el Defensor del Ciudadano pueda empezar a desarrollar su labor coincidiendo con el inicio del próximo curso político, en septiembre. “El trabajo político ya está hecho, y ahora lo que queda es la tramitación administrativa, que no está en nuestras manos”, explica Díaz.
