El Ayuntamiento de Sevilla confía en encontrar "la solución más idónea" para los ancianos de 83 y 90 años que habitan una vivienda de alquiler en el barrio de Los Remedios y amenazados de desalojo, por el impago de sus rentas de alquiler. Después de que la propiedad de la vivienda aceptase aplazar un mes del desalojo previsto para el pasado jueves, el concejal de Bienestar Social, Juan Manuel Flores (PSOE), confía en lograr una solución "en lo que queda de mes".
En rueda de prensa, Juan Manuel Flores ha rememorado que tras tener conocimiento de este nuevo conflicto de vivienda, la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna alcanzó un acuerdo con la propiedad de esta vivienda de alquiler, para aplazar el desalojo y que tanto la oficina como los servicios sociales del Ayuntamiento estudiasen posibles alternativas habitacionales para estos ancianos, de acuerdo a su situación familiar y económica. Ante la propiedad de este piso, que basa sus acciones legales en el impago de las rentas de alquiler de la vivienda, se alegaba la situación de vulnerabilidad social que pesa sobre este matrimonio de ancianos.
"Hemos logrado ese mes de plazo y ahora estamos trabajando con la familia y con su descendencia, en concreto una hija, buscando la solución más idónea", ha dicho el concejal de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, en referencia al conjunto de esta familia desfavorecida. "Espero que podamos encontrar esa solución en lo que queda de mes", ha enfatizado el concejal socialista.
El edil, en ese sentido, ha defendido que la Administración local está ofreciendo a estas personas "toda la oferta disponible" en materia de soluciones, siempre de acuerdo al criterio de los servicios sociales comunitarios, cuya determinación deriva a su vez del "análisis singular de cada caso". "Se ofrece toda la gama de opciones disponibles, bajo el análisis singular de cada caso", ha resumido.
Al respecto, alegaba recientemente el Consistorio que en este caso había propuesto opciones como la ayuda para trasladarse a una residencia, el acceso a ayudas directas para el pago del alquiler de una vivienda y la mudanza, así como los estudios sobre si cumplen los requisitos para una declaración de excepcionalidad que dé acceso a una vivienda social pública.
