Prefiere guardar el anonimato pero no le tiembla el pulso al describir el calvario que sufre desde que puso fin a su relación en 2008. Protegida por sufrir malos tratos, tuvo que elegir entre pagar la hipoteca o dar de comer a sus hijos. Su ex pareja no se hizo cargo de la pensión alimenticia, tampoco de su parte de la hipoteca y ahora vive pendiente de una fecha de desahucio. “La justicia debe legislar y ayudarnos para acabar con estas situaciones”, pide. Con la camiseta verde de Stop Desahucios, se agarra al ‘sí se puede’ que luce en su espalda, para denunciar el desamparo en que se encuentran.
Como también lo hace Paqui Pascual, que avaló a su ex marido en un negocio llegando a rehipotecar su casa. “Llevo cuatro años luchando por quedarme en mi casa con mis hijos”, lamenta, “lo último ha sido cambiar el domicilio de los recibos del agua y la luz y ahora temo un corte de suministro". Son víctimas de la llamada “violencia económica”, abocadas muchas de ellas a un lanzamiento cuando la separación no se atiene a razones.
Respaldadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclamaron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia una solución para ellos. La PAH asesora a una decena de casos en Málaga. Un manifiesto que entregaron al juez decano de Málaga, al Colegio de Abogados, Ayuntamiento, Junta y Subdelegación para reclamar que tienen derecho a decidir su futuro.
Una reivindicación en la que también ocupa un papel importante las llamadas titulizaciones. Reclaman que los jueces pidan de oficio a los bancos que demuestren que son los acreedores legítimos de las deudas que se presentan a ejecutar. Una iniciativa que se ha repetido en ciudades como Sevilla, Córdoba, Coria del Río y Almería.
