El tiempo en: Granada
07/07/2024
 

Arcos

El PSOE acusa a Sanz de instigar las denuncias contra sus alcaldes

En cambio, según Araceli Maese, el PSOE ha denunciado en los juzgados a los gobiernos del PP cuando ha tenido indicios

Publicidad Ai Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, se ha pronunciado respecto al fallo judicial en favor de la exalcaldesa de Arcos, Pepa Caro, y su entonces delegado de Urbanismo, Joaquín Macías, por el caso de la presunta retención de sanciones urbanísticas por valor de casi dos millones de euros. Maese contrapone “las condenas que le están cayendo a numerosos representantes del PP en la provincia frente al archivo de casos y absolución de alcaldes y alcaldesas socialistas en causas que fueron impulsadas por el PP sin que tuvieran basamento jurídico sólido alguno”.

Para Araceli Maese, el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, “ha sido un experto en ordenar la persecución judicial de alcaldes que han sido injustamente calumniados y vilipendiados en estrategias judiciales puramente electorales, con mapas infames de la corrupción, tratando de socavar la imagen de compañeros como Pepa Caro en Arcos, Francisco Carrera en Medina, Antonio Ramírez en El Bosque o María José Lara en Grazalema, entre otros muchos”, argumenta, mientras recalca que “el PSOE interpone querellas cuando hay indicios claros de ilegalidad”.

Mientras tanto, desde Arcos, el alcalde socialista Isidoro Gambín se ha referido de nuevo esta semana a la reciente sentencia a favor de los compañeros de partido pero en contra de la institución que ahora preside, para alegrarse por un lado y lamentarse por otro, ya que dentro de sus escasas posibilidades económicas, el municipio está obligado a pagar 60.000 euros a los abogados de Caro y Macías, aunque Gambín admite que la situación podría haber sido mucho peor, ya que inicialmente el Ayuntamiento, como parte denunciante con el entonces gobierno del PP y Ai-Pro, reclamó hasta 20 millones de euros, una cantidad que hubiera sido “disparatada”. El propio Ayuntamiento de la época reparó en que, de pedir esa voluminosa cantidad, la denuncia se le podría haber vuelto en su contra, como de he hecho ha ocurrido. Por ello, bajaron su petición a 300.000 euros.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN