La Asociación Nacional de Interinos y Laborales impugnará el acuerdo de interinos del SAS “porque entendemos que el pacto entre sindicatos (no todos los de la mesa de negociación) y SAS es discriminatorio”, explicaba en rueda de prensa su letrado, Manuel Martos.
Cabe recordar que la Mesa Sectorial de Salud de Andalucía celebrada en diciembre propiciaba la firma de un acuerdo --suscrito por la totalidad de organizaciones sindicales representadas a excepción de Satse y CSIF, es decir, por el Sindicato Médico, CCOO y UGT-- que permitirá “estabilizar a partir de enero a unos 15.000 trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Según informaba la Consejería de Salud, el proceso beneficiaría al personal eventual estructural que se encuentra trabajando en los centros del SAS y que hayan estado trabajando con nombramientos eventuales, al menos por un periodo de doce o más meses en un periodo acumulado de dos años en un mismo centro, para la prestación de servicios de atención de necesidades estructurales, siguiendo el dictado de la sentencia prejudicial dictada por la Sala décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-16/15 y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en diversos recursos de apelación que hacen suyas las conclusiones de la sentencia del TJUE antes citada.
En ese momento se informaba que serán los centros antes del 31 de enero de 2017, los que identifiquen las plazas y los profesionales afectados por estas medidas, según la Junta. Además, se verá beneficiado el personal que, demandante de empleo e inscrito en Bolsa, sea contratado para cubrir las necesidades de personal tras una jubilación u otras necesidades estructurales.
Según explicaba Manuel Martos, se usan una serie de criterios “para determinar esa teórica estabilidad, que no es la interinidad. Europa determina que hay que dar estabilidad con un vínculo cierto, y una interinidad lo máximo que determina la ley son tres años, con lo cual se crearía otro problema en 2020”.
Entre sus argumentos, el abogado gaditano aclara que además, “el pacto no va por bolsa, que es lo que tiene determinado el SAS. Y al no ir así hay muchísima discriminación” puesto que no se tiene en cuenta, por ejemplo, “la lista de discapacitados o la antigüedad, sino que solo lo que se usa como criterio es estar doce meses en un puesto”. Hay trabajadores que no cumple este criterio, pero que, sin embargo “tiene mucha longevidad de contratación en el SAS, y esas personas no podrán optar a la interinidad a priori”.
A juicio de Martos, el pacto es “discriminatorio porque afecta a personas con interinidades pero no en puestos que quieren realmente, y a personas con mucha antigüedad, pero sin estar en un mismo puesto”. Asimismo, añade que “hay un criterio: el informe de los jefes de servicio, “que es subjetivo porque puede entrar muchísima discrecionalidad”.
Este pacto afecta a 37.500 personas y desde la asociación se va a impugnar porque ninguno de los sindicatos firmantes lo va a impugnar, ni los que no lo firmaron tampoco. En la provincia de Cádiz, según los datos que maneja Martos, podrían verse afectadas 9.000 personas.
Según el letrado gaditano, “sería mejor hacer las contrataciones por bolsas. Si hay opción de 15.000 contratos, que no sean por interinidad, sino por bolsa”. El pacto afecta tanto a “interinos actuales como a no interinos”.
