La aprobación del presupuesto municipal de 2017 se retrasa de momento hasta la próxima semana como consecuencia del inconveniente que ha supuesto para el Gobierno local que PP y Ganemos bloquearan este jueves la supresión de las bonificaciones que se vienen otorgando en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, que afecta fundamentalmente a la transmisión de viviendas habituales entre miembros de una misma familia tras el fallecimiento del propietario.
El mantenimiento de esas bonificaciones impide por ahora que la recaudación municipal se incremente en 1,8 millones, lo que provoca el lógico descuadre en el proyecto de presupuestos que presentó el Ejecutivo socialista este pasado lunes y que al apoyo ya conocido de IU sumó ayer el de Ciudadanos. Así las cosas, la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, reconoció que el Pleno extraordinario que iba a convocarse para las 08.00 horas de hoy queda pospuesto “hasta la próxima semana”.
El Gobierno busca soluciones a ese agujero contable de 1,8 millones de euros desde este mediodía. En principio, Sánchez puso sobre la mesa la necesidad de “recortar” esa cantidad en el capítulo de inversiones, comprometiéndose a tocar las partidas que “menos afecten a los ciudadanos”. Sin embargo, la alcaldesa admitió que también cabe la posibilidad de que no sea necesario aminorar las inversiones y en ese sentido se encaminaron las consultas evacuadas desde el mediodía de ayer al propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a quien Sánchez quiso agradecer expresamente su “colaboración”.
Desde el ministerio se ofreció la posibilidad de incrementar el periodo de carencia de devolución de los préstamos del ICO. “Habría que ver el gasto financiero que se podría ahorrar en el segundo semestre del año y comprobar si sería posible compensar la reducción del ingreso por las plusvalías”, explicó el teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván.
Una cuestión de legalidad
El Gobierno local llevó a Pleno sendas propuestas para eliminar las bonificaciones que se vienen otorgando tanto en el ya referido impuesto que grava la transmisión de viviendas habituales entre miembros de una misma familia como del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Ejecutivo se ampara para ello en el Real Decreto Ley 17/2014, que rechaza estas bonificaciones.
A partir de ahí, los grupos políticos hicieron distintas lecturas de esa normativa y finalmente tanto PP como Ganemos votaron en contra de la modificación de la ordenanza fiscal que afecta a la transmisión de viviendas, lo que implica que al menos de momento las bonificaciones siguen en pie. Santiago Galván insistió en que el Ayuntamiento no puede ir “en contra de la ley” y expresó su deseo de trabajar para que el ministerio “elimine” el artículo que impide que se otorguen esas bonificaciones. El teniente de alcaldesa recordó que el Consistorio está “obligado” desde 2012 “a llevar a cabo estas supresiones fiscales”, a pesar de lo cual ha mantenido las ayudas.
El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, se agarró precisamente a ese reiterado incumplimiento del Real Decreto para expresar su convencimiento de que “no pasa nada”, defendiendo que la norma deja la puerta abierta a que se establezcan “medidas compensatorias” para equilibrar gastos e ingresos y argumentando que lo que pretende el Gobierno es “tratar de engañar a la opinión pública para subir los impuestos a las clases medias”.
La concejal de Ganemos Kika González admitió que la ley “obliga” a eliminar estas bonificaciones. “Sabemos leer, conocemos la ley y somos personas honestas, no estamos engañando con el artículo 45.5, que dice lo que dice. Está engañando el PP, pero también engaña el PSOE cuando nos dice que hay que cumplir esto cuando el Plan de Ajuste está más que incumplido”, señaló.
González fue más allá cuando insistió en la idea de que “la ley obliga” a eliminar las bonificaciones y animó a desafiarla. “También nos poníamos en la puerta de las viviendas que iban a ser desahuciadas. Nos resistimos a cumplir, porque quien no desafía una ley injusta no cambia nada. Que se debata, que se propongan otras medidas y entonces podremos aplicarla, pero no antes. Es una medida injusta que nos negamos a cumplir”, aseveró la concejal de Ganemos.
Posteriormente, Galván invitó a Ganemos a trabajar para “cambiar la ley”, pero no a votar en contra de una medida que trata de cumplirla, y González recordó al teniente de alcaldesa que si se cumple una ley “no se modifica”. “Nosotros somos sindicalistas, los de las huelgas”, añadió la concejal de Ganemos.
En el transcurso del debate se produjeron agrios enfrentamientos entre Antonio Saldaña y el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo. Este último consideró “una incongruencia” que el PP vote “unas cosas en el Congreso y otras distintas aquí”, mientras que el primero acusó a IU de “votar en contra de la clase trabajadora”, porque con la supresión de estas bonificaciones “una familia de La Granja va a pagar veinte veces más de lo que pagaba”, en lo que consideró “la mayor puñalada de impuestos en la historia de Jerez después del catastrazo de Pilar Sánchez”.
El portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, se mostró sorprendido ante “tanto debate” porque se estaba hablando de “cumplir la ley”. “Podremos solicitar al ministerio algún tipo de medida para volver a bonificar en un futuro, pero primero hay que cumplir la legalidad”, añadió. Al mismo tiempo, recordó a Saldaña que “muchos casos de corrupción comenzaron con alguien que dijo aquello de no pasa nada”.
El Ejecutivo local lamentó por último que tanto el PP como Ganemos votasen en contra de la modificación de estas ordenanzas siendo “conscientes” de que “la ley obliga”. “No se puede votar en contra, hay que cambiar la ley, y eso hay que hacerlo en Madrid, no podemos hacer la ley por nuestra cuenta”, insistieron desde el Gobierno socialista.
