Los tres consejeros del Partido Popular en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz votaron ayer tarde a favor de la Aprobación del Procedimiento para el Suministro Mínimo Vital de manera condicionada a que se elimine de dicho procedimiento la obligación que se exige a los inquilinos de contar con autorización del arrendatario para solicitar el SMV en caso de no ser titular del contrato. (se adjunta extracto del Procedimiento sometido ayer a votación).
El procedimiento aprobado ayer contempla una serie de condiciones para aquellos ciudadanos que quieran solicitar acogerse al SMV y que –a criterio del consejero y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní- vienen a poner trabas a las familias sin recursos de la ciudad. Romaní señaló que la obligatoriedad para un inquilino que no puede pagar el agua a contar con la autorización del propietario “es un disparate”.
“Dejando tirados a los desahuciados”
Lo peor de esta condición, según Romaní es que se establecen excepcionalidades a criterio de Servicios Sociales: “sabiendo quien es la supuesta experta en Servicios Sociales que está en el Equipo de Gobierno cuánto menos quede a criterios subjetivos mejor. Tenemos experiencias muy inquietantes con las excepcionalidades de esta concejala, trabajadora de Servicios Sociales cuando según la Audiencia se cambió algún criterio por parte de alguna responsable técnica en las adjudicaciones de viviendas”.
El procedimiento también recoge en ese apartado 9 de Criterios Generales de Acceso que esa excepcionalidad que se permite para que el inquilino no tenga que presentar autorización del dueño no podrá alegarse si el arrendador ya hubiere iniciado procedimiento de desahucio. Romaní indicó al respecto que esto supone elevar el disparate a la máxima potencia: están dejando tirados a los desahuciados por los propietarios. ¿Qué propietario que ha iniciado un desahucio va a firmarle al inquilino una autorización para que le den una ayuda para pagar el agua?
Un paso atrás en la atención a las familias
El consejero popular ha lamentado que “la continua demagogia, el griterío y las proclamas de Podemos esté distrayendo la atención de lo verdaderamente preocupante. El SMV que se aprobó ayer supone un paso atrás en la atención a las familias, y nuestro voto a favor está condicionado a que, tal y como se comprometieron ayer en el consejo, se revisen esas condiciones y se garantice el pago total de la factura de agua a las familias sin recursos, tal y como se hacía antes, y no solo los conceptos subvencionables”.
Romaní concluyó señalando que “hemos apoyado la medida porque lo que hay ahora es el abandono de Podemos a las políticas de ayuda a las familias que nosotros teníamos en marcha. Sabemos que hay usuarios de servicios sociales a los que se les ha reducido las ayudas sustancialmente y que cada vez se les ponen más pegas para el abono de facturas de los suministros básicos. Es lamentable que Podemos venda como la panacea del derecho universal de acceso al agua una medida que viene a empeorar el sistema que estaba implantado en Cádiz”.
