Según fuentes de la UE la protección se vertebra sobre dos principios: el control presupuestario y la lucha contra el fraude. El primero no dista mucho de los modelos tradicionales de los países occidentales, con una mayor o menor flexibilidad según el programa político que se trate. El segundo, a través de la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude), es mucho más complejo. Desde su fundación en 1.999 elaboró un amplio cometido, según la propia Oficina, para centrarse en grandes investigaciones a escala transnacional, es decir su misión se vertebró hacia las grandes cifras.
La UE, desde su fundación, ha pretendido siempre ganarse le confianza de los nacionales de los estados miembros intentando garantizar que el dinero de los europeos se utiliza correctamente mientras persista la lucha contra el fraude. Recientemente, uno de los éxitos declarados por la OLAF en colaboración con otras autoridades fue la incautación de un alijo importante de unos 700.000 cartones de tabaco... Igualmente, otra operación importante contra la delincuencia también esgrimida fue la denominada Renegade durante el verano pasado, en el que se intervinieron casi 500.000 objetos falsos… Pero siempre hay lunares que existen por aquello de "¿quién vigila al vigilante?".
En marzo de 2016, la Comisión levantó la inmunidad al director general de la OLAF, el italiano Giovanni Kessler por presuntas escuchas ilegales. De esta forma, la Justicia belga pudo interrogar al italiano; él mismo presentó su dimisión por dicha presunción… y como suele suceder en estos casos fue nombrado a continuación por el Gobierno italiano para un importante puesto funcionarial en Italia. Previamente, durante 2015, le precedió el excomisario de Sanidad, Galli, envuelto en un asunto no muy claro con tabacaleras. Dentro de la OLAF (lucha contra el fraude), se encuentra el importante Tribunal de Cuentas Europeo. La composición del mismo, según su organigrama al 31.01.17, es de V Salas formadas por su presidente y 26 miembros, es decir un representante por cada estado. Una de sus funciones fiscalizadoras se encuentra dirigida a los Fondos Estructurales y de Cohesión, donde España tiene varios frentes abiertos.
En 1985, año de nuestra adhesión, las fuentes de Bruselas constituyeron auténticos cuernos de abundancia para España. Según fuentes de RTVE (Noticias-Mundo), unos 140.000 millones de euros en 25 años. Pero llegó un momento en que "las cañas se volvieron lanzas", cuando respectivamente en 1998 y 2000 saltaron escándalos, con la OLAF en la penumbra, como “El caso español del lino, textil y cáñamo”, en Castilla-La Mancha, y el de Astilleros Españoles. Al parecer ya pensábamos que habíamos adquirido experiencia y que las "pillerías" iban a quedar impunes. Después siguieron otros escándalos de carácter portuario, como el del Musel en Asturias y Langosteira, en La Coruña.
En el capítulo concreto de Fondos Feder y según declaraciones de la polémica comisaria europea de Política Regional, la rumana Corina Creu, España tenía bloqueados por irregularidades administrativas, en principio hasta Marzo de 2017, una cantidad que supera los 1.100 millones de euros, sin que aparentemente fuéramos a perderlos, según dichas declaraciones de la propia comisaria a la Red Española de Desarrollo Rural. Por último, indicar que también se nos vigila el tema de las centrales de carbón en España y por las supuestas ayudas irregulares, que deberán ser valoradas igualmente por la UE.
