Estamos entrando en el 4º año de precipitaciones por debajo de la media que nos aboca a una sequía grave ante la que conviene tener claras algunas ideas claves. Primero, es imprescindible garantizar abastecimientos urbanos. En este punto se puede afirmar que la administración ha tomado nota de la gran y traumática experiencia de 1991-1995, con más de 4 millones de andaluces sufriendo severas restricciones de agua durante años.
Con la infraestructura hidráulica que Andalucía tiene, la población, que consume solo el 10% del agua y es el consumo prioritario, no puede sufrir restricciones. Esto no significa que haya que bajar la guardia, pero los abastecimientos urbanos se han comportado bien en los últimos 20 años: los consumos urbanos han descendido en general en toda Andalucía; en algunas poblaciones hasta en un 30 ó 40%.
Segundo, hay que frenar y redimensionar la extensión del regadío, que consume el 80% del agua de toda Andalucía. El sistema agrario de regadío, cuya importancia no se puede poner en duda, está sobredimensionado. En situación de normalidad subsiste a base de producir fuertes impactos sobre el agua y los ecosistemas asociados, y en muchas ocasiones poniendo en riesgo, por sobreexplotación y contaminación, los abastecimientos urbanos locales. En situación de sequías, el sistema entra en crisis. Los importantes procesos de modernización que se han producido han aumentado la eficiencia y la productividad del regadío, lo que es muy importante. Pero han aumentado la magnitud de los daños que una falta de agua ocasiona (más superficies regadas, más intensivamente, con cultivos más productivos y en mayor proporción permanentes). Es decir, ha aumentado la vulnerabilidad frente a la sequía.
Tercero, hoy sabemos que las sequías no hay que afrontarlas con un enfoque de respuesta a emergencias sino con un enfoque de gestión de riesgos, lo que significa adelantarse a las emergencias, distribuir los recursos de acuerdo con prioridades y dosificar las disponibilidades. Pero ahí está el problema: ¿cuándo hay que comenzar a tomar esas medidas de ahorro, de reducción de los consumos y en qué sectores? Porque esas reducciones tienen un coste y, además, si la sequía no se confirma (no podemos prever si al año siguiente va a llover mucho o poco) el esfuerzo habrá sido inútil. Es decir hay que tomar medidas precautorias, sin seguridad de acertar, afectando algunos intereses y asumiendo riesgos.
Este es el objetivo y el contenido fundamental de los planes especiales de sequías (PES) que la ley manda hacer desde 2001: fijar las condiciones que definen los umbrales (normalidad, prealerta, alerta, emergencia) y las medidas que hay que ir tomando en cada caso, sin esperar a que la sequía esté encima. Disponemos de plan de sequía en la cuenca del Guadalquivir (en proceso de revisión actualmente), no así en las cuencas andaluzas (Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y cuencas mediterráneas). En el caso del Guadalquivir ya tenemos un incumplimiento de las previsiones del Plan: el sistema general de explotación empezó a entrar en situación de sequía en julio de 2016, que se confirmó a lo largo del otoño e invierno siguientes, pero no se aplicaron las medidas correspondientes (algunas restricciones a las demandas) en la campaña de riegos del verano de 2017.
En el caso de las cuencas de competencia autonómica no hay información disponible al público sobre la situación legal de cada uno de los sistemas de explotación y las medidas que en cada caso corresponden. Sabemos más que antes, pero no acabamos de aplicar ese conocimiento de manera adecuada y plenamente.
