La parlamentaria andaluza de IU por Cádiz y portavoz adjunta de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha anunciado hoy que IU va a exigir “la restitución inmediata del helicóptero de emergencias sanitarias de la provincia de Cádiz doce meses al año, dado que no se nos quitó por ninguna cuestión que tuviese que ver con la calidad de la atención sanitaria que necesitamos y merecemos en la provincia como en el resto de Andalucía”. Nieto se ha pronunciado hoy en estos términos tras conocerse el informe policial que avala la causa sobre cómo adjudica la Junta de Andalucía el servicio de aeronaves que prestan las emergencias sanitarias en Andalucía, y que se desprende de una pieza separada, del Juzgado número 8 de Sevilla, sobre la adjudicación de servicios contra incendios y de ciertas prácticas "no acordes con la ley, que están siendo investigadas en diversos juzgados de España".
Según ha detallado la parlamentaria, este informe policial “describe de manera escandalosa, la manera en que la Junta de Andalucía ha ido procediendo en la adjudicación de esos contratos desde 2010 a 2016 colocándonos ante indicios cierto de connivencia absoluta de la Junta de Andalucía con las empresas prestadoras del servicio”. Nieto ha explicado que en lo que respecta a la provincia de Cádiz, “cuando la Junta de Andalucía abre los procesos de adjudicación y hace públicos los pliegos de prescripciones técnicas para que las empresas interesadas concursen, se observa que aun siendo pocas, se reparten el territorio, de manera que siempre sólo una concursa para cada lote”.
Critica Nieto que “cuando la administración detecta estas prácticas tiene la obligación legal de comunicarlo a la Agencia Andaluza de la Competencia, para que no se produzca lo que en derecho administrativo se llama la colusión de empresas”. Ante estos hechos, la Policía detecta “indicios claros de prevaricación en esta práctica”, según denuncia la portavoz adjunta de IU Andalucía, que añade además, que la administración, según se desprende de este informe, “adecua el pliego a lo que luego la empresa va a estar en condiciones de ofrecer”.
Así, señala que “se tienen las horas de vuelo a distintos precios según se hable del servicio de emergencias sanitarias en Córdoba o en Málaga o en Sevilla y se llega al punto de establecer en el pliego de condiciones inicial una serie de condiciones y luego, cuando queda desierto porque la empresa no está de acuerdo, en el procedimiento negociado, la administración cambia las condiciones pero no las hace públicas al resto de empresas por pocas que sean”. Afirma Nieto que “en este episodio es en el que se nos cayó tener todo el año tener un helicóptero de emergencias sanitaria en la provincia de Cádiz, que era una condición obligatoria en el pliego de condiciones de procedimiento abierto pero que después se cae de las condiciones que se le ponen a la empresa porque no estaba en condiciones de facilitar una aeronave”.
“No es que no lo necesitáramos, no es que no tuviéramos un volumen de emergencias suficientes como para justificar que no tuviésemos un helicóptero todo el año, como se me dijo a mi por escrito cuando pregunté por qué Cádiz no tenía un helicóptero de emergencias todo el año como lo tenían las otras bases, no es por una crona de 30 minutos ni por ninguna de las milongas que me contó el anterior consejero de Salud, es porque la Junta adaptó el pliego de condiciones al dictado de la empresa que resultó finalmente adjudicataria y eso es inaceptable”, recriminó la diputada autonómica.
Denuncia Nieto que Cádiz es “la única provincia de Andalucía que no tiene servicio doce meses al año, teniendo la misma media de emergencias sanitarias que el resto de provincias” y “vamos a solicitar que se nos devuelva el helicóptero los doce meses como los tiene el resto de provincias, dado que los supuestos argumentos sanitarios se caen cuando leemos el informe policial”. La portavoz asegura que IU estará muy atenta al recorrido judicial “para ver si lo que ahora son indicios se llega a concretar en delitos de funcionarios con la connivencia del poder político de la Junta de Andalucía”. Finalmente, ha calificado de “muy grave que se esté actuando al dictado de las empresas para prestar un servicio fundamental y básico de cuyo funcionamiento diligente depende la vida de muchas personas”.
