El parlamentario andaluz de Izquierda Unida, José Antonio Castro ha preguntado hoy al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, sobre la actual situación del río Guadiaro, el cual sufre cada verano un taponamiento de arena de forma natural que evita que el agua del río desemboque en el mar y que suponga un impacto medioambiental para la zona.
Castro ha manifestado en sesión parlamentario que "el gobierno de España nos dice que no es competencias de ellos, que han retirado arena del cauce porque tenían necesidad de llevar esa arena a otro sitio y han aprovechado para limpiarlo, matando dos pájaros de un tiro, pero que no es competencia del Gobierno de España, por ello, queríamos saber si la Junta asume esta competencia y si podemos evitar este problema en un futuro ".
Fical ha respondido: "soy moderadamente pesimista, ahora tendrá que ser un juzgado o un informe jurídico quien aclare de quién es la competencia, porque le aclaro que es del Gobierno del PP y estamos dispuesto a colaborar. Lo primero hay que decir que estamos ante un asunto que se produce de manera natural y que ocasiona un perjuicio claro, la Consejería sí ha actuado conforme a su competencias ofreciendo una alternativa a los recursos superficiales para que el río desemboque con más agua y no se produzca este problema. En 2015, se habilitó la infraestructura necesaria para hacer uso del agua del embalse del Guadarranque, se prohibió la contrucción de presas, por esto, la indicencia se ha visto reducida, no eliminada. No obstante, entendemos que la obra para la apertura del cauce debe de ser llevada a cabo por la Demarcación de Costas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, lo afirmamos en razón de los antecedentes de la normativa, ya la barra de arena que bloquea la desembocadura se sitúa claramente en el dominio publico marítimo-terretre, por lo que la obra corresponde a dicho órgano".
De igual Forma, el consejero indicó que "esta obra ya ha sido acometida por la Administración General del Estado y por el propio Ayuntamiento de San Roque, incluso tras varias comunicaciones, el día 24 de agosto de 2016, se escribió un escrito en el que Demarcación de Costas expresaba su interés por llevar a cabo la actuación, el mismo día, la delegación de Cádiz autorizaba la ejecución del trabajo, aunque con lal llegada del verano de 2017 todavía nos encontramos con la negativa de Costas, y desde esta Consejería tendemos la mano para colaborar y encontrar una solución efectiva a este problema".
El parlamentario por IU agradeció toda la información al consejero y rebatió que "es descorazonador que se tengan que llevar estas decisiones a los tribunales, porque mientras que las Administraciones legítimamente determinan sus competencias, nos encontramos cómo ciudadanos pala en mano en una manera precaria intentan solventar este problema, nosotros instaríamos que si se tiene que llevar a los juzgados se lleve, nosotros en el Congreso de los Diputados vamos a instar al Gobierno de España a que asuma sus competencias, pero creemos que la Consejería debería intentar valorar la concepción de un marco de acuerdo para amoldar la problemática de manera coordinada, debido a que se da a lo largo del tiempo y para que se sepa quién cumple y quien no, pero la imagen de los ciudadanos con pala en mano, no es la más adecuada para esta tierra".
Fiscal finalizó el debate indicando que "Comparto su última reflexión sobre la imagen de los ciudadanos y nosotros haremos para que quede claro de quién es este competencia y mientras tanto haremos lo que esté en nuestra mano para que este problema se produzca con menor periodicidad".
