La movilización de los jubilados ha situado en la agenda de todos los partidos la sostenibilidad del sistema público de pensiones y arremeter contra las prestaciones bajas o muy bajas, así como contra la subida del 0,25% que establece la ley mientras la Seguridad Social continúe en déficit. Una revalorización que, frente al nivel del Índice de precios de consumo (IPC), no deja de restar poder adquisitivo a los pensionistas. Por ello, y por el clamor popular ante esta situación, desde el PSOE ya han formalizado una proposición de ley para que las pensiones se revaloricen un 1,6% este año, lo que tendría un coste aproximado a los 1.800 millones de euros. Podemos ha exigido a Mariano Rajoy un pleno monográfico sobre este tema, para no circunscribir el debate sobre este asunto únicamente en el Pacto de Toledo. Desde Ciudadanos apoyarían la celebración de esta sesión…
Es decir, la oposición quiere que el Gobierno se exponga públicamente por sus políticas frente a la frágil y delicada situación del sistema. Y el Gobierno, por su parte, en boca del ministro de Hacienda, se ha comprometido a incluir en los Presupuestos Generales de 2018 una deducción en el IRPF para las personas de edad muy avanzada, a quienes pretenden reconocer los costes inherentes a la discapacidad. En cambio, por bien que pueda sonar la medida, lo cierto es que más del 63% de los jubilados españoles ya están eximidos del pago de este impuesto, al cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales. En el caso concreto de Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 70%. Y en Sevilla, más del 68% de los pensionistas no pagan IRPF. Serían casi 300.000 sevillanos -116.605 hombres y 161.993 mujeres- que no reciben la suficiente pensión como para tener que tributar por ella.
Por lo tanto, no les afectaría para nada la puesta en marcha de la medida anunciada el pasado miércoles por Montoro. Así, teniendo en cuenta que esa deducción sólo beneficaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos, queda claro que el problema de los pensionistas no reside en su tratamiento fiscal, sino en la revalorización y en la cuantía de las pensiones, que en 2016 fue -de media- inferior a los 8.500 euros anuales, incluyendo todas las modalidades. De esta manera, la rebaja fiscal afectaría a otras fuentes de rentas que pudieran obtener, como, por ejemplo, las de arrendamientos, pero no a la pensión en sí.
Sea como fuere, éste amenaza con convertirse en un eterno debate político y social en España. En este sentido, una de las últimas propuestas realizadas por el PSOE consiste en crear un impuesto transitorio a los bancos para contribuir a reducir el abultado déficit de la Seguridad Social y pagar las pensiones. Pero la recaudación de este tributo no alcanzaría los 1.000 millones de euros, cuando el déficit de la Seguridad Social escala por encima de los 18.000 millones. O lo que es lo mismo, se trata de una propuesta de ingresos poco recaudatoria cuya eficacia está supeditada a otras medidas más decisivas.
En definitiva, todos los partidos políticos quieren garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones desde posiciones distantes. Pero no parece que ninguno haya encontrado la solución de consenso que conviene alcanzar teniendo en cuenta el descenso de las retribuciones de la mayoría de los trabajadores, la menor participación de los salarios en el PIB, la inversión de la pirámide poblacional y el paulatino envejecimiento de los españoles, factores por los que cada vez es menor la ratio de cotizantes por cada jubilado.
Así, dando por supuesto que la mejor garantía para su sostenibilidad sería la creación de empleo de calidad y el aumento del número de contribuyentes, y que el déficit público deja poco o ningún margen de maniobra para elevar el gasto público, en España ha llegado el momento de dejar de parchear y de acometer una reforma fiscal integral que se traduzca en un sistema más suficiente y equitativo. No sólo para aumentar la recaudación, que podría incrementarse en 60.000 millones igualando nuestra presión fiscal a la media europea, sino para que paguen quienes defraudan y más tienen, no quienes más lo necesitan. Y la mayoría de los pensionistas, sin lugar a dudas, se encuentran entre los que más lo necesitan.
