El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó y condenó hoy "enérgicamente" las nuevas sanciones impuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que prohíbe cualquier transacción con la criptomoneda venezolana "petro" y suma a otros cuatro altos cargos del Gobierno a su lista de sancionados.
Las sanciones "constituyen una nueva agresión imperial orientada a intensificar el ataque a nuestro pueblo, pretendiendo por la vía del bloqueo comercial, la persecución financiera y el boicot económico caotizar nuestra economía", afirma el Gobierno venezolano en un comunicado.
Caracas sostiene que el objeto de las sanciones es "quebrar la voluntad" de los venezolanos "y su resolución de libertad, paz y esperanza".
El Gobierno venezolano acusa a la Administración de Trump de cometer "un crimen de lesa humanidad que puede ser presentado en la Corte Penal Internacional como una violación al artículo 7 del Estatuto de Roma".
Con la sanción estadounidense oficializada mediante una orden ejecutiva, Trump prohibió "todas las transacciones" vinculadas al sistema financiero estadounidense "con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018".
Venezuela reiteró hoy que ha dado un "salto tremendo al futuro al poner en marcha un mecanismo económico revolucionario como el petro, respaldado con más de 5.000 millones de barriles de petróleo, que permitirá al país romper las amarras del dólar".
El Gobierno de Maduro ratifica a la comunidad internacional que, "pese a esta nueva y grosera intromisión", mantiene su "firme, absoluta y soberana decisión de continuar impulsando la tecnología Blockchain y hacer del Petro una de las criptomonedas más sólidas y confiables del mundo".
Con el respaldo de las reservas de crudo, Maduro lanzó la criptomoneda el mes pasado para ampliar el capital del país ahogado por la crisis y para eludir las restricciones económicas estadounidenses.
En la misma jornada el Departamento del Tesoro impuso también sanciones económicas contra cuatro altos cargos del Gobierno de Maduro, cuyos activos sujetos a la jurisdicción de EE.UU. quedaron así congelados.
