La Fiscalía Provincial va a solicitar cinco años de prisión para el funcionario de la Universidad de Almería (UAL) acusado de apropiarse de casi 345.000 euros de dinero público que gestionaba para la compra de sellos y otros productos de Correos, proveedor de la institución.
El Ministerio Público imputa a F.R.C.F. la presunta comisión de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro continuado de malversación de fondos públicos, según consta en el escrito de calificación provisional consultado por Europa Press.
El fiscal indica en sus conclusiones que el acusado, en su condición de funcionario, desde 1991, ha estado destinado en el servicio de correos de la UAL y que, entre sus funciones, estaba la de realizar la facturación de adquisición de sellos y diferentes productos al proveedor Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA.
Añade que, en consecuencia, "ordenaba el régimen económico" de dicho servicio, realizaba la contabilidad y, además, "disponía y usaba fondos públicos de la UAL para el abono de la contratación efectuada".
El Ministerio Público remarca que se "aprovechó" de esta circunstancia para, desde 2002 y hasta 2015, apoderarse presuntamente de "diversas cantidades de dinero que tenía a su disposición y que se hallaban destinadas a satisfacer las necesidades de la universidad, en particular las derivadas de la contratación del servicio de Correos".
Así, para poder disponer "en su propio beneficio de esos fondos", F.R.C.F. habría emitido y cobrado, a cargo de la cuenta de la UAL, hasta "384 facturas y justificantes de anticipos de caja por compras de sellos, simulando las mismas y la realidad de los servicios a los que obedecía su expedición" hasta hacer un total de 346.538,45 euros.
El fiscal pide por el presunto delito de falsedad en documento mercantil cuatro años y seis meses de prisión, 15 meses de multa con cuota diaria de seis euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, y por el supuesto delito de malversación cuatro años de cárcel y otros cuatro años de inhabilitación.
Aplica, no obstante, el artículo 77.3 del Código Penal y hace concurso medial entre ambos delitos, por lo que interesa cinco años de cárcel. Al margen de la pena privativa de libertad, solicita cinco años de inhabilitación especial y multa de 18 meses a razón de seis euros al día.
Pide, asimismo, que el acusado indemnice a la UAL en la cantidad de 346.538,45 euros por las cantidades "indebidamente apropiadas".
El Tribunal de Cuentas confirmó en julio íntegramente la sentencia que condenó a pagar 159.300 euros al funcionario ya que, aunque cifró el menoscabo patrimonial en un total de 241.128 euros entre 2002 y 2015, concluyó que los hechos anteriores a julio de 2010 estarían prescritos, por lo que sentenció que solo se le podía reclamar un alcance de 159.300 euros.
El funcionario, sobre el que pesa un expediente disciplinario suspendido hasta que no recaiga resolución judicial, manifestó en el juicio contable celebrado en septiembre de 2017 que no recordaba los hechos "por estar con medicación" y que "no había comprado sellos nunca". Su defensa añadió que no tenía estudios superiores, ni conocimientos fiscales, contables ni económicos, siendo sus conocimientos sobre dichas materias más que elementales.
Fue la propia UAL la que puso en conocimiento del Ministerio Público en septiembre de 2015 las conclusiones de una investigación reservada que se inició en un cotejo de datos realizado por la Unidad de Contratación, de Patrimonio y de Servicios Comunes sobre el volumen de compras a proveedores con el objetivo de "reducir costes" y coincidiendo con el inicio del mandato del rector Carmelo Rodríguez.
