La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, superó una moción de censura presentada por la oposición laborista y planea explorar ahora opciones alternativas a su acuerdo del "brexit", sin descartar pedir una extensión del plazo para abandonar la Unión Europea (UE).
Los conservadores más euroescépticos y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), que el martes se rebelaron para tumbar la propuesta de May, votaron en cambio, 24 horas después, a favor de que ella siga al frente del Ejecutivo.
Con una victoria por 325 votos frente a 306, la primera ministra recibió algo de aire en la Cámara de los Comunes y alejó por ahora la posibilidad de que se convoquen unas elecciones generales, como exige el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.
El resultado de la moción hace que Corbyn esté bajo presión por parte de una facción de su partido para respaldar un segundo referéndum sobre el "brexit", una opción que solo contempla, según ha insistido hasta ahora, si falla su objetivo de forzar unos comicios.
La ley no impide, con todo, que el líder de la oposición presente una nueva moción de censura en las próximas semanas si cree que tiene opciones de prosperar.
Corbyn aspira a llegar al Gobierno para renegociar con la UE un acuerdo de salida que forje una "nueva y amplia unión aduanera", que asegure una relación estrecha con el mercado único y proteja los estándares europeos en cuanto a empleo y medio ambiente.
Los "tories" euroescépticos desean asimismo reabrir las negociaciones con Bruselas, pero su plan pasa, en cambio, por que May pida a la UE que retire del actual acuerdo la cláusula de salvaguarda para Irlanda del Norte.
Argumentan que ese mecanismo, diseñado para evitar una frontera entre las dos Irlandas, puede dejar al Reino Unido atado a las estructuras comunitarias mientras no se defina la futura relación comercial entre el Reino Unido y la UE, lo que puede tardar años.
La Comisión Europea (CE) insistió hoy, sin embargo, en que no prevé reabrir la negociación sobre el pacto de salida al que los 27 socios comunitarios restantes dieron luz verde en noviembre.
Ante el bloqueo en el que se encuentra el proceso del "brexit", May espera comenzar a reunirse en las próximas horas con representantes del resto de fuerzas británicas para tratar de determinar qué tipo de pacto podría obtener el respaldo de la mayoría de la Cámara de los Comunes.
Un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May, puntualizó que una de las líneas rojas que el Ejecutivo conservador no está dispuesto a negociar es la pertenencia a una unión aduanera comunitaria.
"Los principios que nos gobiernan al iniciar este diálogo es que queremos poder hacer nuestros propios tratados comerciales (con terceros países), y eso es incompatible con una unión aduanera", indico a los periodistas ese portavoz.
Durante el debate sobre la moción de censura laborista, May argumentó asimismo en contra de unas elecciones y de un nuevo referéndum.
En su opinión, ambas opciones crearían división y la alejarían del objetivo de cumplir con el resultado de la consulta de junio de 2016, en la que el 51,9 % de los votantes optaron por abandonar la UE.
Advirtió asimismo de que si no se llega a un consenso, el Reino Unido se verá abocado a abandonar la UE de manera no negociada dentro de 72 días, el plazo que marcan el artículo 50 del Tratado de Lisboa y la propia legislación británica.
La primera ministra rehusó descartar la posibilidad de pedir a Bruselas una prórroga, pero advirtió de que esa opción solo sería aceptada si el bloque comunitario considera que Londres cuenta con un plan con posibilidades de ser ratificado.
Ante la incertidumbre en torno al futuro político del Reino Unido, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, esgrimió por su parte que "los intereses de Escocia" solo estarán protegidos con la "independencia".
La líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), cuyos 35 diputados en Westminster votaron en contra del acuerdo de May, insistió en su petición para que se celebre un nuevo plebiscito sobre el "brexit", lo que también han defendido los liberaldemócratas y 71 de los 256 diputados laboristas.
