El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró ayer “un buen dato” todo lo que sea que la fecha del 20 de noviembre, cuando se cumplen 33 años de la muerte del dictador Francisco Franco, “esté en el olvido más profundo de la memoria colectiva”.
De hecho, el jefe del Ejecutivo añadió que “los españoles ya ni nos acordamos de lo que representa el 20-N” y que “los residuos que quedan” que sí le recuerdan y tratan de homenajearlo “irán desapareciendo”. Por su parte, IU reclamó la creación de una Fiscalía especializada en las violaciones de Derechos Humanos en la Guerra Civil y el Franquismo.
Durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con el primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannouchi, el presidente del Gobierno fue preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.
“El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del Franquismo, y esa ley establece que todas las administraciones deben colaborar, entre otras cosas en las tareas de recuperación e identificación de los familiares fallecidos”, señaló.
“Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación”, remachó Zapatero que, sin embargo, no se detuvo ahí y en lugar de pronunciarse sobre la permanencia de los símbolos franquistas en algunos edificios públicos, realizó una extensa reflexión sobre el 20-N, cuando algunos grupos de ultraderecha recuerdan la muerte del dictador.
“Yo creo que la mayoría de los españoles ya ni nos acordamos de lo que representa el 20-N y es absolutamente marginal y testimonial que es el día en que murió el dictador Franco”, comenzó el presidente del Gobierno.
“Todo lo que sea que esté en el olvido, en lo más profundo de la memoria colectiva, será un buen dato, y los residuos que quedan irán desapareciendo, poco a poco, como es lógico”, señaló, reconociendo que hay gente que “tiene más disponibilidad” a olvidar y “otros tienen un poco menos”.
“Pero la mayoría no tienen ninguna añoranza después de comprobar que bien se vive en libertad y democracia y lo bien que estamos juntos”, continuó Zapatero, que en esta fecha dijo tener presente es “cuántas generaciones de españoles que ahora tienen 70 ó 60 años tuvieron que pasar tantos años un país sin libertad, que no contaba nada en el mundo, que no era respetado”.
“Y cómo sus vidas estaban frustradas por un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste como era el régimen del general Franco”, concluyó el presidente del Gobierno, que tras realizar esta reflexión se dijo a sí mismo “...esto no estaba previsto”.
Mientras, coincidiendo con el 20-N, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, celebró una rueda de prensa en el Congreso en la que criticó al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado por “obstaculizar” la investigación de Garzón “a la que ha tenido que renunciar”, al tiempo que le reprochó a Zapatero su “falta de celo” sobre otros temas más controvertidos.
Así, Gaspar Llamazares, aprovechó para presentar una serie de medidas para evitar “los vacíos” de la Ley de la Memoria, entre ellas la creación de una Fiscalía especializada que impulse la identificación y la exhumación de las fosas del franquismo y que impulse la anulación de los juicios ilegales e ilegítimos de esa época.
“Estamos convencidos de que si el Gobierno y la Fiscalía continúan con su actitud, buena parte de las víctimas van a tener que presentar sus recursos en los tribunales internacionales e incluso en Estrasburgo”, denunció.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consideró que todavía es “un poco prematura” cuando todavía está por ver si la competencia en esa área estará o no dividida. “Es más prudente esperar a ver cómo evolucionan las cosas para poder pensar en soluciones a problemas reales.
No vamos a empezar a pensar soluciones a problemas que no existen”, señaló Bermejo, que añadió que aunque los órganos especializados suelen dar “buenos resultados”, en estos momentos “la Fiscalía General del Estado tiene una estructura suficiente para hacer frente a cualquier tipo de eventualidad investigadora que pudiera darse”.
TENSIÓN ENTRE LA GUARDIA CIVIL Y LOS FALANGISTAS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS
El artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica establece que el Valle de los Caídos es un lugar de culto en el que no se pueden celebrar actos “de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”. En cumplimiento de este precepto legal, la Guardia Civil desplegó ayer un amplio dispositivo para evitar que la Falange celebrara un acto de esta naturaleza conincidiendo con el 33 aniversario de la muerte de Franco.
La Benemérita estableció en el Valle de los Caídos unas medidas de seguridad tan concienzudas y meticulosas que fueron calificadas de “atropello” y “coacción” por algunos de los asistentes. Los momentos más delicados se vivieron a la entrada al monumento del Valle de los Caídos, concretamente mientras examinaban los vehículos y las pertenencias a los asistentes, convocados a una misa por el aniversario de la muerte del dictador Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Un centenar de falangistas, la mayoría jubilados y advertidos de los condicionamientos de la nueva Ley, entró al monumento y asistió al oficio religioso en la Basílica de la Cruz. El jefe nacional de La Falange-FE, Manuel Andrino, se quejó del mal trato dispensado por los agentes de la Benemérita y aseguró que la intención de su organización no era celebrar un acto poltítico sino simplemente rendir “un sencillo homenaje a todos los enterrados, tanto del bando nacional como republicano”.
ATENTAS PARA QUE NO HUMILLEN A LAS VÍCTIMAS
Representantes de asociaciones que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo avisaron ayer de que estarán “muy atentas” para que los juzgados provinciales, a los que el juez Baltasar Garzón remitió su causa contra el franquismo, no vuelvan a “humillar” a las víctimas y para que atiendan sus demandas, tras la investigación iniciada en la Audiencia Nacional.
Así lo anunciaron en el Congreso Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, quienes ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso junto con el diputado de ERC Joan Tardà.
Pedreño admitió que su deseo era que Garzón fuera declarado competente para investigar los hechos ocurridos durante la contienda civil y la dictadura, pero quiso dejar claro que la inhibición del juez no ha supuesto “ningún varapalo” para entidades como la suya.
Por su parte, Sánchez se quejó del “espectáculo judicial absolutamente vergonzoso” que, en su opinión, se ha producido por este caso por la actitud obstruccionista de la Fiscalía. En cualquier caso, ambos dejaron claro que continuarán exigiendo que se respeten los derechos de las víctimas del franquismo.
