El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén después de que las distintas partes llegasen a un acuerdo por conformidad, por el que el que fuera alcalde durante más de 12 años admite haber prevaricado al contratar a una empresa para que elaborase el proyecto técnico de revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico.
Según las calificaciones definitivas, Funes adjudicó, "a sabiendas de su injusticia, sin la previa aprobación del pliego de condiciones" 26.112 euros a la empresa, una cifra que superaba en 5.000 euros la propia oferta de la consultora. Posteriormente, dictó resoluciones para que al final se pagaran 36.060 euros por el trabajo, de modo que la diferencia entre lo que el Ayuntamiento podría haber pagado y el desembolso final fue de algo más 15.000 euros.
Por ello, Funes, que dejó la Alcaldía en el año 2003 y que en la actualidad se encuentra retirado de la vida política activa, ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para ejercer el cargo o empleo de concejal.
El fiscal solicitaba, además, cuatro años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, si bien retiró esta petición al considerar que no consta acreditado que como consecuencia de los hechos el ex alcalde obtuviera beneficio y, por tanto, hubiera ánimo de lucro.
El tribunal también dejó sin efecto la responsabilidad civil por parte del acusado, aunque la acusación particular --ejercida por los concejales que entonces estaban en la oposición, tanto del PP, ahora en el gobierno, como de la Asociación Paz y Libertad Independiente de Porcuna (APLI)-- destacó que existe la reserva de acciones. "Al Ayuntamiento le faltan 15.000 euros y ejecutará las acciones si lo estima oportuno", afirmó.
REACCIONES
La letrada destacó que el único objetivo de sus patrocinados era obtener una sentencia condenatoria que reconociera los hechos, sin que buscaran la cárcel, aunque explicó que era obligado al conllevar el delito de malversación pena de prisión. "La conformidad del propio acusado al reconocerlo supone que la acusación particular tenía razón sobre las irregularidades en este proceso", añadió.
Por su parte, Funes subrayó que tiene la "conciencia tranquila" y dijo ser objeto de una "persecución personal sin tregua ni cuartel infundada", de lo que es muestra, a su juicio, las siete denuncias interpuestas contra él por el actual alcalde de Porcuna, Miguel Moreno (PP).
"Yo y mi familia hemos sufrido mucho. He sido perseguido y ante eso prefiero que la cosa acabe aquí", afirmó el ex regidor, quien indicó que el importe del trabajo subió como consecuencia de la actualización de precios tras los cuatro años que transcurrieron desde que se encargó hasta que en 2002 se firmó la resolución para el pago.
