La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, de 48 años, acusada de asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días en los que la sociedad española se mantuvo en vilo, y se movilizaron 60 entidades y particulares que peinaron cientos de kilómetros cuadrados entre Las Hortichuelas y Rodalquilar, en Níjar.
La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se dé comienzó al interrogatorio de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor.
Un total de 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad hasta el día 18, fecha en la que está previsto que el jurado popular se retire a deliberar. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. Posteriomente, custodiarán a los miembros del jurado en su reclusión para emitir veredicto.
La Junta de Andalucía ha invertido casi 80.000 euros en obras de emergencia en el edificio y en adecuar las salas de vistas para acoger, entre otros, el enjuiciamiento de Ana Julia Quezada, al que darán cobertura informativa 150 periodistas acreditados de 35 medios de comunicación.
Esta expectación mediática ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta. Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".
TESTIFICAL DE LOS PADRES Y PERICIAL FORENSE, A PUERTA CERRADA
En la vía judicial esto se plasmó el pasado viernes en un auto notificado a las partes por la magistrada Alejandra Dodero en el que acordaba que la declaración testifical de los padres, prevista para este martes, se celebre a puerta cerrada, una medida que ha extensiva a la declaración de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
Un informe del SAVA ha sido decisivo en la resolución adoptada por el tribunal, a petición del Ministerio Público y de la acusación particular, ya que este advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".
Añade que el hecho de que el juicio sea público y "grabado" generaría "una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma". Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la "victimización secundaria sufrida" por Ángel Cruz y Patricia Ramírez "se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor". "Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada", concluye la magistrada.
UN AÑO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El Juzgado de Instrucción 5 de Almería ya acordó a finales de febrero y tras un año de investigación la apertura de juicio oral contra Quezada. Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía si bien los segundos añaden ensañamiento.
El Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años. La acusación particular califica estos hechos como delito contra la integridad moral.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna. También incluye el pago a los progenitores en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos y farmacéuticos acreditados.
La fiscal también pide el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.
La defensa, que presentó su escrito fuera de plazo, interesa tres años de prisión por un delito de homicidio, al entender que no se produjo una acción planificada ni alevosa en la muerte. La instrucción se prolongó durante un año.
El menor desapareció la tarde del 27 de febrero de 2018 tras salir de la casa de su abuela en Rodalquilar para acudir a la casa de unos primos a jugar, momento en el que, según la investigación, se habría topado con la acusada, quien mantenía relación sentimental con el padre del niño antes de ser conducido por ella hasta la finca donde se produjo el crimen. Tras ocultar su cuerpo junto a una alberca, volvió a la casa de la abuela del menor.
Durante el tiempo que duró la búsqueda, se habría desecho de algunas prendas de vestir del pequeño en un contenedor de vidrio en el barrio de Retamar mientras que una de sus camisetas la habría empleado para establecer pistas falsas. La investigación permitió captar tras once días de búsqueda a la acusada cuando extraía el cuerpo sin vida del menor del lugar en el que había ocultado el cuerpo. Con él recorrió unos 60 kilómetros rumbo a la localidad de Vícar, donde fue detenida el 11 de marzo.
La fiscal subrayó al respecto de estas grabaciones las expresiones "carentes del más mínimo sentido de humanidad" y con "absoluto menosprecio" que la sospechosa profirió consigo misma mientras conducía el coche tras abandonar la finca con el cuerpo del pequeño "con el propósito de consumar la ocultación del cadáver en un invernadero".
Las acusaciones le atribuyen una actuación "fría y reflexiva" ya que consiguió llevar a Gabriel desde el camino de tierra cercano a la casa de su abuela hasta el cortijo de Rodalquilar, donde acabó con su vida del pequeño un ataque "desprevenido" y con "claro ánimo de ocasionarle la muerte".
En este sentido, y a partir de los datos derivados de la autopsia, relaciona una agresión anterior al momento de la muerte por asfixia del pequeño. Bajo este extremo, la acusación particular incide en que el menor podría haber sido "socorrido", ya que pudieron transcurrir hasta "90 minutos" durante la escena.
