El presidente de la asociación, Mariano Barroso, se mostró "satisfecho" por el rechazo del Congreso ante la enmienda planteada por CiU, que derogaba el artículo del Real Decreto Ley 6/2009 -por el que se creaba el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables-.
En este sentido, subrayó que "se debe aprender" de la situación vivida "que no se pueden cambiar las reglas y que deben quedar definidas para los próximos diez años". Asimismo, insistió en la necesidad de que el Gobierno central se comprometa a que no se llevarán a cabo más cambios sustanciales de la normativa a corto plazo.
Barroso indicó que la decisión de rechazar esta enmienda responde al "sentido común" y da una "enorme tranquilidad" al sector, para que "se oriente y se asiente". "La incertidumbre es lo peor con lo que puede contar este sector, cuyos proyectos son a largo plazo", recalcó Barroso, quien recordó que esta situación ha generado "desconfianza" entre el empresariado y las entidades financieras.
"Hay que hacer normativas y leyes y el sector las asume siempre que se sepa el escenario a largo plazo, porque los proyectos duran 20 años y no se puede legislar cada cinco meses", agregó el directivo.
En la misma línea, subrayó la importancia de un sector que no cuenta con "problemas de crédito" y se establece como una de las "pocas áreas que funcionan" ante la actual coyuntura económica. "La clave por la que España ha sido líder en este sector es que ha existido siempre un marco en la que se ha sabido donde se ha ido y eso no puede perderse", concluyó Barroso.
Por su parte, presidente del PP andaluz, Javier Arenas, apostó ayer por impulsar un pacto con todo el sector de las energías renovables para generar confianza y garantizar las inversiones, una iniciativa que, a su juicio, favorecería especialmente a la comunidad andaluza por sus condiciones climatológicas.
Arenas se refería a la enmienda que hubiera cambiado el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables y advirtió de que cambiar en este momento las reglas del juego del sector era "un atentado económico", especialmente para Andalucía, y aludió a la "incertidumbre" que a su juicio generó el PSOE al votar a favor de la enmienda plateada por CIU en el Senado.
Por ello, destacó la necesidad de impulsar un gran pacto con todo el sector de las energías renovables que, con una vigencia de "20 o 25 años", genere confianza y garantice las inversiones, de lo que se favorecería especialmente la comunidad andaluza, cuyas condiciones climáticas la sitúan "en primer lugar" para desarrollar este tipo de energías.
Rechazo en el Congreso
Estas reacciones se producen después de que el Pleno del Congreso rechazara ayer eliminar el sistema de registro previo para la asignación de primas a las energías renovables, creado en abril, después de que el sector criticara la medida porque suponía dejar en el aire proyectos de inversión millonarios.
El cambio fue introducido en el Senado a través de una enmienda a la Ley de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión del Mercado Inmobiliario (SOCIMI) que fue pactada por CiU y PSOE y que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.
Durante el debate en el Congreso, los diputados no abordaron la regulación de las SOCIMI -que fue aprobada- y se centraron en criticar la enmienda, incluso desde los grupos que la promovieron en la Cámara Alta.
El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, explicó que, a las "24 horas" de su aprobación en el Senado, se dieron cuenta de que la enmienda resultaba "letal" para las energías renovables.
Aseguró que con la enmienda, CiU sólo pretendían devolver a las comunidades autónomas determinadas competencias y acusó a los socialistas de "contaminar" la iniciativa.
"La adenda socialista eliminaba de facto la financiación de los parques hasta que se definieran las nuevas primas creando incertidumbre e inseguridad jurídica", aseveró.
El diputado nacionalista reconoció que en los últimos días han mantenido negociaciones con el Gobierno, el sector y el grupo socialista para consensuar el rechazo a la modificación.
Desde el PSOE, Montserrat Colldeforns reconoció que hay que pensar un poco más los cambios y dijo que el objetivo es que España siga liderando el sector de renovables pero evitando que se genere una "burbuja financiera" que pueda redundar en aumentos de tarifas.
La diputada popular María Fátima Báñez criticó al Gobierno por usar las SOCIMI para dar "un vuelco de tapadillo" a la regulación de las renovables y pidió a Industria que se planee dimisiones.
Subrayó que en el sector energético, en el que las inversión son a largo plazo, la estabilidad normativa y la seguridad jurídica son fundamentales y apuntó que la confusión introducida ponía en riesgo más de 300.000 empleos y miles de millones de inversión.
Advirtió al Ejecutivo de que si realmente quiere alcanzar un pacto de Estado debe contar con los populares para negociar cambios como el pretendido
El diputado IU-ICV Juan Herrera señaló que en el intento de devolver a las comunidades unas competencias "quizás aquellos que no hicieron los deberes" han pretendido cambiar "de un plumazo" el sistema de primas a las renovables.
"No se puede dejar colgados miles de empleos y millones de inversión", criticó Herrera, que dijo al Gobierno que no se puede predicar que España puede liderar el sector de las renovables para luego en el Senado hacer de "tapadillo" una reforma tan sustancial.
Varias patronales del sector rechazaron la modificación que afectaba especialmente a las plantas termosolares, porque gran parte de los proyectos presentados al Ministerio de Industria se quedaban así sin saber la prima que recibirían por verter energía a la red.
Según Protermosolar, en el registro de preasignación se han inscrito proyectos termosolares que suman 4.300 megavatios (MW) de potencia y con su derogación sólo percibirían la actual prima 500 MW, mientras que el resto de proyectos deberían esperar a la elaboración de una nueva normativa para conocer su retribución.
La patronal mantuvo encuentros con los dirigentes de las comunidades más perjudicadas (Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura) para frenar el cambio.
