El año 2019 apenas ha registrado actividad parlamentaria como consecuencia de las dos convocatorias electorales que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha realizado en estos 12 meses. De ahí, que la última ley social aprobada por el Parlamento, el aumento de las pensiones de los huérfanos de violencia machista, tenga fecha del 21 de febrero de dicho año.
Los plenos que el Congreso ha celebrado en este año que termina no han llegado a la media docena, ya que enero es inhábil, parlamentariamente hablando, y el 5 de marzo se disolvieron las Cortes antes de las elecciones que se celebraron el 28 de abril.
Así, en los primeros tres meses de 2019 sólo se ha llegado a aprobar una ley, que se venía tramitando en el Parlamento, desde el año anterior. Se trata del aumento de la pensión de los huérfanos de víctimas de violencia de género. Con este texto, la ayuda pasa de 124 euros a un mínimo de 600 que el afectado podrá cobrar hasta los 21 años --o hasta los 25 si está estudiando-- y si están incapacitados para el trabajo.
La norma recoge que estas pensiones pasen de ser contributivas a no contributivas, es decir, que no dependan de que la madre asesinada haya cotizado a la Seguridad Social, sino que su financiación llegue través de los presupuestos. Además, las cuantías se elevan porque se aplicará el 70% de la base reguladora, la misma que a los huérfanos absolutos, teniendo en cuenta que, aunque el padre siga con vida, estará en la cárcel.
La misma semana en la que esta norma recibía la luz verde del Congreso, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros su reforma educativa, conocida como 'Ley Celaá'. También presentaba en la Cámara baja el proyecto de ley para aumentar el horario lectivo del personal docente hasta las 25 horas en Educación Infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas no universitarias.
LAS 8 SEMANAS POR PATERNIDAD LLEGARON POR DECRETO
En ambos casos, la tramitación fue imposible ya que unos días después las Cortes se disolvieron. El Gobierno tuvo, entonces, que recurrir a los decretos para poner en marcha las medidas sociales que tenía en su agenda. Fue la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno cuando no están constituidas las Cortes, el encargado de convalidarlos.
En una misma sesión, el pasado 3 de abril, el Ejecutivo consiguió el apoyo mayoritario del Congreso para convalidar dos iniciativas, ambas incluidas en un texto de medidas para lograr la igualdad de trato laboral entre mujeres y hombres: el aumento de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas y la recuperación de la cotización a la seguridad social para las cuidadoras no profesionales.
En el caso de los permisos parentales, la convalidación llegó tras una polémica puesta en marcha de la medida, que se fue retrasando durante meses, para aplicarse, finalmente, a partir del 1 de abril de 2019. Tanto en este caso, como en el de las cuidadoras, la propuesta fue apoyada por unanimidad pero la mayoría de formaciones afearon al Ejecutivo que lanzara estas normas cuando los partidos ya estaban inmersos en sus campañas electorales.
SIN ACTIVIDAD HASTA FEBRERO, SI HAY INVESTIDURA
Tras las elecciones de abril se inició una nueva legislatura que, sin embargo, no se pudo materializar al no conseguir el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el apoyo necesario para su nombramiento como jefe del Ejecutivo. El líder socialista, presidente del Gobierno en funciones, volvió a convocar elecciones el 10 de noviembre y volvió a disolver las cortes y a dejar el trabajo parlamentario a la Diputación Permanente.
Así, en el último trimestre del año, sólo se ha registrado una iniciativa social que también llegó al Parlamento a través de un decreto: las ayudas para paliar daños por los incendios, inundaciones y otras catástrofes naturales que se habían registrado en toda España durante el verano. Este texto fue convalidado en la Cámara baja en el mes de octubre.
Ahora, con la XIV legislatura constituida el pasado 3 de diciembre habrá que esperar a la investidura del nuevo Gobierno y a febrero --enero es inhábil-- para iniciar de nuevo la actividad parlamentaria. Es decir, un año después de que se aprobara la última ley social aprobada en el Parlamento.
