La investigación de la Policía Nacional ha determinado que la cantidad de dinero desviada supuestamente por el que fuera presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga a la comunidad de propietarios de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz) asciende a más de 600.000 euros.
En un comunicado, el Cuerpo Nacional de Policía explica que los agentes han continuado con la investigación, realizada durante dos años y que en marzo de 2019 llevó a la detención del acusado en su domicilio, en Málaga.
Tras analizar y comprobar la documentación intervenida, los agentes han determinado que la cantidad total administrada fraudulentamente por parte del detenido asciende a una cantidad superior a los 600.000 euros.
Por ello, el detenido está considerado como responsable de los delitos continuados de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental.
Según la investigación, el administrador, de 49 años, desvió el dinero de una comunidad de propietarios de la urbanización La Alcaidesa hacia sus cuentas bancarias e incluso cobró cheques al portador para pagar sus deudas y gastos personales.
La investigación se inició en junio de 2018, cuando el presidente de una comunidad de propietarios de citada urbanización de La Línea denunció que en la cuenta bancaria de la misma aparecían reflejadas multitud de transferencias con elevadas sumas de dinero a la cuenta personal de la persona encargada de la administración de dicha comunidad.
Las transferencias realizadas por el administrador sin autorización alguna, además del cobro de un cheque bancario al portador, llegaron a acumular en aquel momento una deuda total de la comunidad de casi 120.000 mil euros.
Las primeras pesquisas realizadas por los investigadores permitieron descubrir que el administrador de fincas hacía un uso irregular de varias de las cuentas bancarias que administraba, disponiendo del dinero de los propietarios a su libre discreción y además realizó transferencias a su cuenta personal con fines privativos para hacer frente a las deudas personales que tenía contraídas.
Tras recabar los indicios y pruebas incriminatorias suficientes se solicitaron los mandamientos de entrada y registro tanto en su domicilio particular como en las oficinas en las cuales desempeñaba su profesión.
En los registros fueron intervenidos más de 6.000 euros en efectivo, un vehículo a nombre de la empresa, diversos dispositivos electrónicos, así como una gran cantidad de documentación relacionada con las comunidades de propietarios administradas por el presunto autor de los hechos.
