Tras el envío este miércoles de los 2,5 M€ del Plan de Emergencia Social a las tesorerías municipales, la entidad provincial tiene ya ultimado para su publicación en el BOP y posterior distribución el nuevo Programa de Empleo para la Prevención de la Exclusión Social, hasta ahora conocido como Plan de Urgencia Municipal.
En esta anualidad, dicha iniciativa contará con una aportación desde la Diputación de 5 M€, a la que los Ayuntamientos sumarán, entre todos, otros 806 mil euros. Es decir, que la anualidad que de manera ordinaria la corporación intermunicipal habilita para los Ayuntamientos en este apartado contará de arranque en 2020 con 5,8 M€.
Al respecto, el presidente de la entidad, Rodríguez Villalobos, ha señalado que ‘se trata de ese programa que, cada año, ponemos a disposición de los Ayuntamientos sevillanos para que estos puedan realizar contratos temporales a personas en riesgo de exclusión.
Como viene siendo hasta ahora con el Plan de Urgencia Municipal, el nuevo Programa para la Prevención de la Exclusión Social se enfoca a facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión social; a mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario; dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual situación económica; incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres; contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior y realizar pequeñas obras de interés social para el municipio o Entidad Local Autónoma.
Las contrataciones a realizar por las Entidades Locales en este programa cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en materia laboral y seguirán la modalidad de contrato por obra o servicio determinado por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses de duración.
