La Administración pública no está a la altura de la exigencia que supondrá en los próximos meses ejecutar de manera ágil proyectos millonarios con fondos europeos contra la crisis o poner en marcha medidas como el ingreso mínimo vital, según varios expertos consultados, que señalan cómo el confinamiento ya ha dejado en evidencia que muchas instituciones no están digitalizadas.
Un grupo de académicos, entre quienes figura el profesor de ESADE Francisco Longo, publicará en los próximos días un documento en el que ponen de manifiesto la necesidad de modernizar la Administración española para responder a unas circunstancias que son extremadamente difíciles.
“Creemos que tan pronto como el foco del debate gire de lo sanitario a lo social -señala Longo-, el tema de la reforma del sector público se va a imponer como una necesidad, porque necesitamos una Administración capaz de liderar” procesos muy complejos sin lentitud ni rigidez.
“Solo el esfuerzo de poner en marcha una medida como el ingreso mínimo vital supone un desafío extraordinario, y tenemos una Administración poco preparada, aunque haya partes mejor adaptadas. ¿Cómo pones en marcha, sin una Administración ágil, un proceso de comprobación de rentas intentando que el dinero llegue cuando se necesita y a quien lo necesita en una situación en la que mucha gente ha caído en la pobreza?”, se pregunta.
Y alerta de riesgos, como que no se gaste donde se debiera gastar, que las ayudas no lleguen a tiempo o que se dejen de ejecutar proyectos.
La semana pasada se conoció, recuerda Longo, que España es la última en la clasificación de países europeos en ejecución de proyectos con fondos de la UE en el período 2014-2020.
España podría perder miles de millones de euros, 12.000 millones según algunos cálculos, procedentes de fondos estructurales asignados a proyectos que no se han ejecutado, en buena medida, por la rigidez de nuestra Administración.
A este problema se suma el retraso de la Administración electrónica, a la que ha puesto a prueba el coronavirus, como explica Víctor Almonacid, jurista, funcionario municipal en Alzira (Valencia) y dirigente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
Las administraciones públicas han respondido de manera muy irregular a este "examen sorpresa". Algunas, como la Justicia, han sido prácticamente incapaces de funcionar más allá de los procedimientos de urgencia y afrontan ahora un atasco de proporciones muy alarmantes, según todos los operadores.
“La Administración electrónica solo será posible cuando todas lo sean, no unas sí y otras no”, explica Almonacid. Pero durante el confinamiento “hemos visto muchas administraciones que no estaban preparadas”, explica también.
“Junto a este problema, también es cierto que muchos ayuntamientos han podido resolver, aunque fuera con una cierta chapuza. Y también es verdad que algunas organizaciones estaban preparadas porque tenían implantada la Administración electrónica. Muchas de estas administraciones son ayuntamientos”, añade Almonacid.
Junto a ellos, Hacienda, una administración muy grande pero bastante homogénea en su terreno de juego, está también, a su juicio, avanzada en este sentido.
Almonacid destaca que las ventajas de la Administración electrónica son múltiples, y entre ellas señala la transparencia: “El 20 % de nuestro PIB procede de contratas con las administraciones. Que se haga por medios electrónicos democratiza el acceso a la contratación pública entre las empresas. Además, el rastro electrónico dificulta mucho la corrupción”.
Jordi Huguet, secretario autonómico de Innovación y Transformación Digital de la Generalitat Valenciana, explica que la Administración ha avanzado “tímidamente, sobre todo algunos ayuntamientos y autonomías, hacia la digitalización. Pero la crisis que hemos vivido ha puesto en evidencia muchas carencias de inversión”.
“Implementar estos procesos supone invertir mucho dinero. Hay que hacer autocrítica, la gente que dirigimos esto nos acabamos perdiendo en proyectos a corto plazo porque cada cuatro años tenemos el examen de las elecciones, y asuntos como la digitalización de la Administración, que no eran mediáticos, que no eran tan visibles, no han tenido tanta atención como necesitan”, explica.
Aun así, Huguet defiende que la Generalitat Valenciana, en esta legislatura, ha puesto en marcha tres direcciones generales relacionadas con la Administración electrónica y la innovación digital, y también con la modernización de la función pública, empezando por la formación de los funcionarios y la mejora del funcionamiento interno.
Respecto a esto último, a la modernización de procedimientos y estructuras, el profesor Francisco Longo explica que, para ser verdaderamente ágil, la Administración debe reformarlos porque de otro modo “acabas siendo digital, pero lento y rígido”.
Existe un gran consenso entre los expertos, añade Longo. “Solo hace falta el impulso de los partidos políticos. A veces las crisis, como la que tenemos por delante, de una magnitud desconocida, facilitan estas reformas”, concluye.
