La abogada de la acusación popular anuncia que plantear recurrir en casación al Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba contra los cuatro acusados miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' que fueron juzgados en Córdoba en noviembre de 2019 por abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la letrada que representa a la Asociación Clara Campoamor, en su delegación en Andalucía, Patricia Catalina, ha defendido "seguir luchando" para que "les suban las penas" a los condenados al mantenerse en dos años y diez meses de cárcel para tres de ellos y cuatro años y seis meses de prisión para al cuarto al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados, como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados.
Al respecto, la abogada se ha mostrado por un lado "inmensamente feliz", porque "quedan condenados" y "se acepta el vídeo como prueba de cargo suficiente", si bien ha dicho que se siente "un poco frustrada" después de que ella como acusación popular pedía "las penas máximas".
En este sentido, ha señalado que "si fue un abuso sexual y pudo haber una agresión, es necesario que en un tema además grupal las penas sean las máximas contempladas en el Código Penal". Por ello, ha comentado que "un año y cuatro meses y un año y seis meses de cárcel por delito de integridad moral no son suficientes como para mantener una condena que sea por lo menos, ya no ejemplarizante, sino acorde con los hechos cometidos".
Mientras, ha valorado "el tema de haber subido la indemnización" de 13.150 a 25.000 euros por parte de la Audiencia, después de que "las acusaciones pedimos 80.000 euros ambos, como resarcimiento simbólico, porque realmente ella nunca va a volver a ser quien era", de hecho ha lamentado que "ella ha perdido su identidad, dejó de tener nombre y apellidos para ser la víctima de 'La Manada' de Pozoblanco".
Según ha expuesto Catalina, "ella tiene tal estrés postraumático y tiene tal angustia ante toda esta situación, que ya nunca va a ser la misma", por lo que "no hay dinero en el mundo que pueda sufragarlo, pero al menos se han estimado 25.000 euros, que es una pequeña subida", ha resaltado.
"SEGUIR LUCHANDO"
Tras apuntar que el hecho de que el fiscal no haya recurrido la sentencia "merece un análisis aparte", la letrada ha remarcado que prepararán "a conciencia el recurso" ante el Tribunal Supremo, después de "estudiar a fondo" la sentencia de la Audiencia Provincial.
A su juicio, "hay que seguir luchando y dando guerra, porque no puede haber tanta impunidad", tras las condenas "demasiado bajas", a lo que ha apostillado que "parece que es muy fácil ser 'manada'".
Al hilo, ha mencionado que la acusación popular solicitó "la pena máxima" de tres años de cárcel por los abusos sexuales y para uno de ellos la condena por agresión sexual ante "las condiciones en las que la joven apareció, de hecho ella le refirió a un testigo que creía que la habían violado".
"A partir de esa premisa, teniendo en cuenta la declaración de la víctima", ha apuntado al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de modo que "tiene que tener un valor probatorio en el momento que además ella es consciente de lo que le ha ocurrido", todo ello tras presentar "un moratón en el muslo interno y una serie de rasgos que evidentemente parece que referencian que ha podido ocurrir esta agresión", ha precisado.
De este modo, la abogada ha señalado que "lógicamente con todas las pruebas periféricas que se abarcaban en la sede de juicio oral", ella entendió que "realmente debía pedir violación, aunque estaba claro que era muy complicado, porque son delitos que se cometen en la intimidad y que, efectivamente, es muy complicado de probar".
En este punto, ha aclarado que "esto no significa que las víctimas no tengan que denunciar, porque otras veces sí se respeta el doble valor probatorio que tienen las víctimas, precisamente por ésto, porque quedan impunes desde el momento que piensan que como no se ha visto, no se puede probar o no hay un protocolo de actuación en un hospital", entre otros aspectos que ha citado, pidiendo que se denuncien casos de violación y abusos.
