El avance descontrolado e imparable del coronavirus ha sumido a la provincia en el más absoluto caos, y las medidas para atajar la pandemia por parte de la Junta de Andalucía solo han servido, por el momento, para sembrar desconcierto. El Gobierno autonómico ha reiterado, respecto a uno de los frentes abiertos que más quebraderos de cabeza está dando en las últimas semanas, que se mantendrán las clases presenciales. “Solo pedimos coherencia”, pide, por su parte, el secretario provincial de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (Feuso), José Luis Collantes, quien se pregunta cómo se puede seguir yendo a las aulas si no hay seguridad garantizada. Puerto Real es el último municipio sumado a la nómina de localidades que reclaman la suspensión del curso. Y los padres y madres de La Línea no han cedido a las amenazas de la Consejería de Educación, dispuesta a contar las faltas de asistencia como injustificadas como primer paso para abrir expedientes de absentismo. Algo que se antoja imposible, sin embargo, porque los alumnos que se quedan en casa son 12.000 de 13.000.
Los hosteleros de La Isla tampoco salen a la calle. Ni siquiera han mirado la tasa de incidencia durante la semana pasada, tal y como relata Antonio Atienza en Viva San Fernando, y se ha producido una cascada de cierres de bares y restaurantes antes de alcanzar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que conlleva la suspensión de la actividad no esencial. “Mi salud, la de mi familia, la de mis empleados y la de mis clientes no se la dejo en manos de nadie”, aseguraba en un vídeo viral Alfonso García Mayor de Londoño, propietario del popular Bodegón Andalucía. Y se preguntaba si “no nos van a ayudar en nada”.
La duda tuvo eco en una movilización espontánea este miércoles en Jerez. Entre los manifestantes, el gerente de El Buen Comer, Carlos Sampalo, lamentó que la Junta señale al sector como culpable de los contagios. “Este nuevo cierre es la puntilla”, adviertió. Lo poco que ganó en Navidad, con la relajación de las restricciones, está ya gastado. “Hemos sobrevivido gracias a la familia”, admitió. Pero no ve futuro. La frustración le ha llevado, de acuerdo con sus siete trabajadores, a declarar a todos los políticos personas non gratas en su establecimiento. “Sean del partido que sean -aclara-, no son bienvenidos tal y como nos están tratando”.
“Cerrar el comercio y dejar a la gente a sus anchas no sirve de nada. Yo estaba cerrado a las 18.00 horas y realizando labores de mantenimiento de mi local mientras veía por el escaparate a la gente paseando, fumando, sentadas en los bancos con la mascarilla bajada... no tiene sentido”, apunta Fran Bernal, responsable de BlancaLucía, tienda de guitarras en Rota, donde la tasa de incidencia es de 1.038,2. Para tratar de salvar algo de caja atiende vía WhatsApp con envío a domicilio en la localidad, como muchos del gremio. “Empecé a recibir pedidos por teléfono en marzo, cuando las floristerías no eran esenciales y ha funcionado”, celebra Mateo López, dueño de La Esperanza, en Jerez, quien ahora sí puede atender presencialmente. Pero advierte: “Aunque no ha ido mal la cosa, si todo sigue así, acabará pasándonos factura también”.
