Las preguntas sin respuestas se acumulan durante la pandemia. Se guarda silencio ante las cuestiones incómodas, se abren polémicas para desviar la atención o sencillamente se despacha el asunto con un “no toca”. Caemos. Picamos el anzuelo. Perdemos la calma con los anuncios de las manifestaciones del 8M, que dividen España en dos, a favor o en contra. Nos ofendemos con artículos como el de Máximo Pradera, deseando cáncer a quienes considera enemigos por su manera de pensar. O nos olvidamos de los males que nos aquejan en cuanto nos dicen que, si todo va bien, podremos recuperar movilidad. Pero lo que está ocurriendo desde marzo es grave. Lo es ahora. Lo será aún más en cuanto tengamos algo de perspectiva. Lástima de nuestros hijos. El recorte de libertades es terrible.
La indecente falta de información y transparencia da buena cuenta de la dimensión de un retroceso sin igual en nuestra democracia de los derechos del ciudadano. Ignoramos a día de hoy la cifra real de muertos por coronavirus, los detalles de los contratos con las empresas farmacéuticas o cuánto de los 500.000 millones de euros comprometidos por Pedro Sánchez para la recuperación económica se han movilizado y a qué se han destinado. Ni tan siquiera hay detalles dos semanas después del plan de ayudas para pymes y autónomos por valor de 11.000 millones de euros que el presidente del Gobierno se sacó de la chistera en la sesión de control, pese a que llega tarde, es insuficiente pero, en cualquier caso, necesario para frenar la sangría de desaparición de empresas. ¿Cómo vamos a salir de ésta si quienes tienen que crear empleo están hundidos por la deuda y la insolvencia ya, un año después del inicio de la pandemia?
La Junta de Andalucía le va a la zaga al Gobierno en materia de comunicación. Pese a que la participación en los cribados poblacionales se sitúa entre el 50-60% y apenas sirven para detectar positivos, ningún responsable político aclara las dudas en torno a las pruebas. Tampoco se ofrecen datos sobre la efectividad de las labores de rastreo ni acerca de los vaivenes estadísticos. Numerosos alcaldes reclaman información a tiempo real y disgregada por barrios o pedanías. La callada por respuesta. Las incidencias en la campaña de vacunación masiva no merecen explicaciones públicas. Y, cuando se interroga al respecto, se dan largas. Es el caso de los datos sobre multas tramitadas y cobradas por parte de la Delegación Territorial de Salud y Familias, órgano competente, desde que el Ejecutivo autonómico asumió el mando único en agosto. Solo acudiendo al Portal de Transparencia hemos podido obtener los datos... ¡firmados por la misma responsable que elude responder por las vías oficiales del gabinete de prensa!
Al desesperante ritmo al que se está administrando los fármacos y la falta de certezas sobre cuándo se controlará la pandemia, los ciudadanos tenemos la obligación de redoblar la exigencia de transparencia sobre las administraciones. Es muy serio. Los derechos se pierden con facilidad; conquistarlos puede llevar décadas.
