El Ayuntamiento de Almería ha confirmado este viernes que tienen intención de redactar una nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) que sustituya al actual planeamiento de 1998, el cual acumula ya 72 modificaciones puntuales y una adaptación a la Ley de Ordención Urbana de Andalucía (LOUA) de 2019, una vez que ha sido aprobada por el Parlamento andaluz la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).
"Realmente siempre hemos dicho que esperábamos la aprobación de la nueva ley del suelo y a partir de ahora es cuando nosotros tenemos que empezar a tomar posiciones", ha manifestado a preguntas de los medios la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, quien cree que se podrá "aprovechar parte" del documento que quedó suspendido en 2016 y no llegó a prosperar al ver la Junta "deficiencias hídricas".
La responsable municipal de Urbanismo ha señalado que habrá que adaptar el documento a la nueva ley, para lo que la próxima semana se prevé una "reunión interna de coordinación" en la que se analizará el posicionamiento del Ayuntamiento. "La intención, a priori, es poder redactar un nuevo plan general que dote a la ciudad de un nuevo instrumento urbanístico", ha asegurado.
Así, desde el Consistorio se deberá decidir si el nuevo plan se redacta a través de medios propios o mediante asistencia técnica externa. "La experiencia, a mí me dice que es mejor hacerlo desde dentro, pero también hay que ver los recursos humanos y materiales con los que contamos y el volumen de trabajo que tenemos", ha indicado Martínez Labella al respecto.
La postura que se adopte en el seno de Urbanismo tendrá que ser trasladada además al resto del equipo de gobierno y discutida con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), antes de tomar cualquier decisión que permita contar con un nuevos instrumento para el desarrollo de los suelos de la capital y su crecimiento.
Hasta el momento, la ciudad de Almería mantiene vigente en plan general aprobado en 1998, el cual ha sido ya sometido a 72 modificaciones puntuales y además adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como alternativa a un nuevo plan.
Tras 12 años de tramitación, la Junta decidió en febrero de 2016 suspender la propuesta trasladada por el Ayuntamiento al entender que, en principio, el plan precisaba de una serie de "correcciones" especialmente en materia de "recursos hídricos" al considerar que los planteados eran insuficientes o inadecuados para dar servicio a los nuevos crecimientos.
En concreto, las medidas recogidas en la propuesta urbanística para garantizar el abastecimiento hídrico a través de los pozos de Bernal y la desaladora no eran suficientes para la Junta de Andalucía, desde donde también se advertían de crecimientos en cauces de ramblas y zonas susceptibles de inundación.
Posteriormente, la Administración autonómica llegó a requerir al Consistorio modificaciones sobre nueve informes y la declaración ambiental estratégica, lo que obligaba a la redacción de un nuevo documento en el que se incorporaran las subsanaciones. De forma paralela, las resoluciones judiciales que tumbaban los planeamientos de otras ciudades andaluzas pusieron al descubierto ciertas incompatibilidades para sacar adelante el documento con garantías.
