El arquitecto propuesto por la asociación 'Amigos del Parque' en el procedimiento contencioso-administrativo que decide si el Ayuntamiento de Níjar (Almería) debe intervenir en el BIC del Cortijo del Fraile ha ratificado este martes ante el juez su informe sobre el estado del inmueble y ha señalado que, a su juicio, el consistorio sería "competente" de acuerdo a la ley.

El perito, quien realizó el citado informe que alerta de que es estado general del BIC es "de ruina técnica, económica y funcional" en 2012, se ha reafirmado ante el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 en el contenido del mismo si bien ha admitido que "no conoce el estado actual" después de que la empresa propietaria de la finca agrícola en la que se levanta realizase obras de emergencia para frenar su deterioro.

El informe sobre la estabilidad de la estructura del inmueble, aportado a la causa por el colectivo conservacionista demandante y consultado por Europa Press, advertía del "deterioro muy avanzado y a la vez más progresivo" del inmueble, que fue escenario de los hechos que inspiraron 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca y 'Puñal de Claveles' de Carmen de Burgos, 'Colombine.

Señalaba, asimismo, que la rehabilitación de su conjunto "será, por tanto, cada vez más difícil y costosa" y lamentaba la "pérdida" del carácter identitario del BIC "al deteriorarse más los elementos originales del conjunto". "El riesgo de desplome es máximo y los derrumbes afectan más gravemente a las dependencias de la zona noble de la casa y a las construcciones pecuarias junto al patio", avisaba ya en 2012.

Al procedimiento contencioso-administrativo se ha incorporado, asimismo, como documental fotografías relativas al estado de conservación del Cortijo del Fraile, ubicado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, y copias de recortes de prensa escrita donde se "aprecia la presión ciudadana reclamando una adecuada protección" del Bien de Interés Cultural (BIC), entre otros documentos.

Por otro lado, se ha aportado el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Níjar de 9 de septiembre de 2011 sobre la puerta en valor del inmueble y un informe sobre "su grado de ejecución para cumplir con los objetivos aprobados por el pleno municipal" y copia del expediente incoado por la Junta de Andalucía al propietario para que proceda al aseguramiento y mantenimiento del cortijo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó en mayo de 2017 al juzgado de Almería que reabriese el procedimiento archivado en 2014 y determinase si el Ayuntamiento nijareño había incurrido en inactividad con respecto a sus obligaciones con respecto a este Bien de Interés Cultural.

El juez que ordenó en ese mismo año al Consistorio la adopción cautelar de medidas urgentes ante el estado de deterioro del Cortijo del Fraile archivó el procedimiento después de que el propio Alto Tribunal Andaluz determinase en un auto de diciembre de 2013 que la competencia de su conservación recae en la Junta de Andalucía y anulase las citadas medidas cautelares.

La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) recurrió a la vía judicial al entender que es la administración local la que tiene las competencias en materia urbanística y dispone de las herramientas necesarias para exigir al propietario la estabilidad del edificio.

El colectivo fundamenta sus reivindicaciones al entender que la LOUA establece que el Ayuntamiento de Níjar "sería responsable por inactividad administrativa cuando un bien inmueble, amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico"; caso en el que "el alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo".

Amigos del Parque, que estima que el Cortijo del Fraile tiene unos valores históricos y sentimentales "sin precedentes, insiste en el incumplimiento de los acuerdos plenarios de 25 de septiembre de 2011, "donde las fuerzas políticas del PP, PA e IU, con la abstención del PSOE, acordaron que el Ayuntamiento de Níjar estudiaría la viabilidad de abrir un expediente de disciplina urbana a los propietarios del Cortijo del Fraile por sus reiterados incumplimientos en materia de patrimonio histórico".

OBRAS DE EMERGENCIA EJECUTADAS

La empresa propietaria finalizó en marzo del pasado año las obras de consolidación exigidas por la Junta de Andalucía y que contaron con un presupuesto de entorno a 47.600 euros con los que se procedieron al desmontado de los forjados de cubierta derrumbados total o parcialmente y de los tramos de muros interiores con peligro de colapso, así como a la recomposición de tramos de las fábricas de mampostería derrumbadas de las fachadas exteriores del conjunto.

La actuación también conllevó la consolidación de los muros de fachadas e interiores mediante retacado de fisuras, grietas y huecos; el sellado de coronación y reposición de revestimientos, todo ello con mortero de cal; y el tratamiento con aguada de cal.

Igualmente, preveía la actuación parcial de soleras de mortero de cal para evacuación de aguas de lluvia, la selección, acopio e inventariado de materiales derrumbados y desmontados para su posterior reutilización, y el desbroce del terreno, limpieza del conjunto y andamiaje.

Asimismo, la entidad ya realizó obras de consolidación en el campanario y en la fachada principal con una inversión de 140.000 euros para frenar el deterioro del inmuebleen el invierno de 2015. Los nuevos trabajos consolidaron los muros externos del recinto pero no actuaba sobre los ya derruidos.

A pesar de estas actuaciones, el pasado verano la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz volvió a incoar queja de oficio para interpelar a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería sobre las actuaciones en el Cortijo del Fraile ante la existencia de "distintas iniciativas" en el ámbito judicial en torno a la ejecución y puesta efectiva de las intervenciones ordenadas a la mercantil propietaria del inmueble.

Desde la finalización de estas obras de emergencia, asociaciones conservacionistas han instado a la realización de nuevos trabajos al tiempo que han reavivado el debate sobre la cesión, compra o expropiación del edificio garantizar su rehabilitación y puesta en valor con uso cultural, civil y turístico.