La autora confesa de la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz en Níjar (Almería), Ana Julia Quezada, comparece este lunes ante el magistrado Rafael Soriano, quien le va a comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
La comparecencia, a las 12,00 horas y a puerta cerrada, se enmarca en el procedimiento de tribunal de jurado acordado contra ella por el juez instructor, quien ya ha levantado totalmente el secreto decretado sobre las actuaciones y ha dado por concluida la investigación a la espera de conocer si las partes personadas en la causa interesan que se practiquen nuevas diligencias de prueba.
Ana Julia Quezada declaró por primera vez sobre los hechos que se le imputan durante más de hora y media después de que fuera detenida en la entrada a un garaje comunitario en la Puebla de Vícar, a más de 75 kilómetros de la pedanía de Las Hortichuelas y al volante de un turismo en el que transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del niño, oculto en el maletero.
Por contra, en su última comparecencia ante la autoridad judicial en junio, se negó a responder a las preguntas formuladas por el magistrado para, según argumentó, salvaguardar su "derecho de defensa" ya que se mantenía el secreto decretado sobre las actuaciones. No obstante, dichas preguntas en las que se interesaban detalles sobre cómo se sucedieron los hechos, sí quedaron registradas.
Poco después, se acordaba el levantamiento del secreto de sumario sobre las actuaciones recogidas en más de 1.500 folios de manera parcial.
A la comparecencia, prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, están citados el Ministerio Fiscal y todas las partes personadas en el procedimiento, incluida la acusación popular que ejerce la Asociación 'Clara Campoamor', y en su transcurso el juez instructor comenzará por oír a la fiscal y, sucesivamente, a los acusadores, quienes concretarán la imputación contra Ana Julia Quezada. Seguidamente, oirá a los letrados de la defensa. En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.
Cabe recordar que la Fiscalía solicitó una diligencia pericial para evaluar el estado en el que se encuentran los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, ante el proceso sufrido tras la pérdida de su hijo y determinar posibles secuelas que a nivel psicológico hallan podido quedar tras el proceso que han atravesado desde la desaparición de su hijo, cuando este salía de casa de su abuela paterna para dirigirse a la de unos familiares, a cien metros de distancia.
Durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda que estrechó el cerco cada vez más sobre la investigada, los padres de Gabriel se mantuvieron al frente de los llamamientos y protagonizaron incluso una multitudinaria concentración en la capital almeriense para reclamar la devolución de Gabriel bajo las sospechas de que pudiera estar retenido. La autopsia posterior determinó que falleció entre las 15,30 y 16,30 horas del mismo día de su desaparición por asfixia mecánica.
El magistrado Rafael Soriano también libró oficio a la Guardia Civil para que informase del coste total del dispositivo de búsqueda con el objetivo de sumar la cuantía a la cifra que se establezca como responsabilidad civil. El operativo de búsqueda movilizó a 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar. En concreto, las labores giraron en torno a 40 zonas y se extendieron a unos 400 puntos "especiales" como balsas y pozos.
INDICIOS CONTRA LA PRESUNTA AUTORA
El juez sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen". Indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar y que, además, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".
"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya el juez, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
Apunta que Ana Julia Quezada "aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño", y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada.
"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
