Las malas noticias para Telefónica no cesan de acumularse. Si la dudosa estrategia de subida de precios que está provocando una avalancha de bajas de clientes en Movistar no fuera suficiente para comenzar mal el año, ahora se ha sabido que la empresa ha tenido que poner un aval de seis millones de euros por responsabilidad civil subsidiaria en el caso que se juzga a Rodrigo Rato.
Fuentes oficiales de Telefónica consultadas por El Confidencial confirman este hecho. La razón es "la relación contractual que tuvo en su momento con el que fuera ministro de Economía, director general del Fondo Monetario Internacional y presidente de Bankia". Estas fuentes agregan "que la pieza que investigaba la Audiencia Nacional por los pagos a la mano derecha de José María Aznar en asuntos económicos fue archivada a mediados de 2017, pero no así la implicación de Ramiro Sánchez de Lerín, el que fuera secretario del consejo de administración de la operadora y que presuntamente firmó los acuerdos con Rato".
Y es que, como cuenta el medio digital, Telefónica contrató a Rato como miembro de los consejos asesores de la compañía en Latinoamérica y Europa hace ahora nueve años, en la época en la que César Alierta era presidente y José María Álvarez-Pallete (ahora presidente), consejero delegado. De esta manera, "el exministro recibía unos 26.000 euros mensuales por contrato, los cuales se constituyeron a través de Kradonara, una de sus sociedades patrimoniales con las que presuntamente defraudaba a Hacienda. Su nombramiento fue aprobado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de Telefónica, pero la responsabilidad ha recaído sobre Sánchez de Lerín".
"Conocido como el hombre del maletín de los secretos de Telefónica", según El Confidencial, Pallete dejó de contar con el abogado previo pago de 11 millones de euros de indemnización en enero de 2018, hace ahora cuatro años. Tal cantidad señala la importancia del trabajo hecho por el letrado, ya que, "aunque el juez libró a Telefónica, mantuvo la imputación al que fuera su directivo por ser presunto cooperador necesario de los fraudes fiscales atribuidos a Rato, para quien la Fiscalía pide 70 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares".
Sánchez de Lerín se mudó a Portugal a finales de 2020 para beneficiarse de las ventajas fiscales que el país vecino ofrece a los altos directivos de Europa que se compren una casa en su territorio y pasen en ella al menos la mitad del año. Ahora deberá acudir a Madrid para asistir a la apertura del juicio oral. "Telefónica, como responsable civil subsidiaria, ha aceptado hacerse cargo del aval de seis millones que en realidad debería haber puesto el que fuera su secretario del consejo de administración".
La duda es, según fuentes próximas al caso, cuál será ahora la postura de Sánchez de Lerín, "que ha rehecho su vida profesional y disfruta en Lisboa de la generosa indemnización que le abonó Telefónica cuando Pallete le relevó. Estas fuentes indican que el abogado tiene claro cuál fue su responsabilidad en los pagos a Rato y quién le dio las órdenes para formalizar los contratos". Telefónica contrató a Rato después de haber sido imputado por la quiebra de Bankia como apoyo a quien fue ministro de Economía, "con el que todos ganaron mucho dinero con las privatizaciones de empresas públicas llevadas a cabo a partir de 1996 y numerosa regulación normativa que benefició a las grandes compañías".
