El sábado entra en vigor el decreto ley aprobado por la Junta para la regulación de las VTC. Se trata de una norma que ha marcado al ciudadano como prioridad para que tenga el “mejor servicio”, “sin dañar al taxi” y para que Uber, Cabify y Bolt sigan operando en Andalucía. Así lo ha expuesto la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que dice haber negociado con el taxi, las VTC, sindicatos y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Una vez aprobado el decreto ley por la Junta ahora son los ayuntamientos los que tienen que cambiar sus ordenanzas y aplicar el artículo 182.1 de la nueva norma para poner en práctica con “seguridad jurídica” los trazados concretos en los que pueden operar las VTC.
De esta manera, la normativa marca que las VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.
El usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate a través de las aplicaciones de Uber, Cabify y Bolt, por lo que se prohíbe la geolocalización previa a la contratación. Las VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una mejor protección de los derechos de los usuarios. En relación a las licencias de las VTC, la consejera ha precisado que las ha concedido el Estado y se mantendrán las que hay actualmente, unas 3.000 en Andalucía, y solo se concederán nuevas en caso de que no se llegue a la ratio de un VTC por cada treinta taxis.
Los nuevos vehículos VTC deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. Deberán ser de alta gama y ecológicos. En base a este decreto ley, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC. Igualmente, se aplicará el régimen sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.
La Junta incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.
