De nuevo esta coordinadora tiene conocimiento del envío de notificación de decreto para pagar multas coercitivas.

Coave no entiende cómo es posible esta situación, ya que el día 6 de noviembre del 2008 se sometió al Pleno de la Corporación de esta ciudad una proposición que constaba de cuatro puntos, la cual se aprobó por unanimidad. El punto segundo decía textualmente: “convocar de forma inmediata reuniones de los servicios técnicos del área de Urbanismo, del área Económica y Recaudación Provincial, para buscar una solución legal a la problemática de las multas coercitivas y hacer posible la paralización legal en dichas sanciones”.

Para ello se daban un plazo de dos meses, han pasado dieciocho, y o bien no se han reunido o no han sido capaces de buscar una solución al problema planteado.

En el primero de los casos, si se confirmara que no se han reunido, es evidente que no se ha respetado la voz de los ciudadanos, representados legítimamente por las personas que se sientan en el salón de Plenos, concejales y concejalas que han votado afirmativamente por unanimidad esta proposición, quedando aprobada.

En el segundo de los casos, hemos de pensar que falta voluntad política, pues como ya razonamos convenientemente en su día ante el área de Urbanismo, creemos que es posible la paralización legal de dichas sanciones.

El problema es lo suficientemente grave como para tomarlo en serio, pues la inestabilidad a la que se somete a las familias afectadas hacen que la angustia y la desesperación, llegando incluso a un estado depresivo de sus miembros, sea el resultado de la presión psicológica a la que están sometidos.

Desde esta coordinadora entendemos que a la altura del desarrollo en que se encuentra el nuevo PGOU, y teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las viviendas sancionadas van a ser regularizadas, no tiene sentido seguir aplicando las multas coercitivas, ya que el objetivo de estas multas tiene como fin conseguir el derribo de las mismas. Si a esta circunstancia añadimos “que nuestro Ayuntamiento no está por la labor de derribar ninguna vivienda”, según hemos podido leer en prensa, el cese de los expedientes y la paralización de las multas coercitivas nos parece una medida conciliadora y tranquilizadora para las familias afectadas.

Coave advierte que será al final del proceso el Ayuntamiento el que tenga un problema de imprevisibles consecuencias, pues el importe recaudado de las multas coercitivas debe quedar afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida (LOUA artículo 158) y esperamos que ese dinero se esté guardando en un cajón. De no ser así, se puede plantear en un futuro no muy lejano un gran problema de tesorería.