El grupo Por Andalucía defenderá el próximo miércoles, 19 de julio, en el seno de la comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que el Parlamento inste a la Junta a "crear un sello de calidad para aquellos establecimientos y empresas que acredite el cumplimiento de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería andaluza".
Así se recoge en el texto de esta iniciativa de la confluencia de IU, Podemos y Más País Andalucía, consultada por Europa Press e incluida en el orden del día de la sesión de la comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del Parlamento andaluz que se celebrará el próximo miércoles.
En el marco de esta PNL, el grupo Por Andalucía también propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "ejecutar eficazmente el convenio existente entre el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la comunidad autónoma de Andalucía, para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".
Asimismo, que desde el Parlamento se inste a la Junta a "estudiar y analizar la situación del sector de la hostelería en Andalucía y a desarrollar planes y estrategias, dentro de su ámbito de competencias, que tengan como objetivo revertir las situaciones en las que se incumplan y vulneren los derechos y condiciones laborales" es otra de las propuestas de esta PNL.
Con ella también quieren desde Por Andalucía que el Parlamento emplace al Ejecutivo regional a "desarrollar políticas públicas que protejan a los trabajadores" andaluces que se han visto afectados "por las inaplicaciones de sus respectivos convenios colectivos".
Además, Por Andalucía quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "promocionar y desarrollar campañas de concienciación para el cumplimiento de los convenios colectivos en la hostelería y para la dignificación del sector a través de todos los medios de comunicación y medios de difusión que estén al alcance del Gobierno de la Junta de Andalucía".
En sexto y último lugar, la PNL plantea que el Parlamento inste al Ejecutivo autonómico a "reforzar la formación y el conocimiento en derechos y condiciones laborales del alumnado de hostelería dentro de las acciones formativas y educativas del sector en todos los ciclos formativos y formación profesional".
"INCUMPLIMIENTOS" DE CONVENIOS COLECTIVOS
En la exposición de motivos de esta PNL 'relativa a garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos en la hostelería', se advierte de "las condiciones laborales y de incumplimiento de convenios colectivos" que se da dentro del sector, y que "deja a los trabajadores de la hostelería, en muchos casos, en situaciones muy delicadas".
Concretamente, el grupo proponente de esta iniciativa alerta de que, entre los años 2010 y 2019, Andalucía ha sido "la comunidad autónoma que más inaplicaciones de convenios colectivos ha realizado, con un total de 3.089, representando el 31,93% del total de inaplicaciones que se produjeron en toda España", unas cifras que hacen "evidente la magnitud que este problema ha significado y significa para los trabajadores" andaluces, según sostiene la confluencia de Podemos, IU y Más País.
Entre 2010 y 2019, según abunda el texto de la iniciativa, "Andalucía representaba el 33% del total de empresas que registraron acuerdos de inaplicación de convenios colectivos en la hostelería", y "ninguna otra comunidad autónoma se acercaba a esas cifras".
Además, en 2022 el "motivo más repetido por las inaplicaciones realizadas" fue "la minoración de la cuantía salarial o por el sistema de remuneración, representando el 70% del total", y el 96% de dichas inaplicaciones se produjeron en convenios sectoriales, según precisa Por Andalucía.
Finalmente, desde Por Andalucía advierten, para justificar la presentación de esta PNL, que existe "un gran número irregularidades que, desde 2012, se llevan produciendo y que están relacionadas con las facilidades otorgadas a las empresas para establecer descuelgues del convenio colectivo sin casi ningún control administrativo o judicial, lo que hace especialmente vulnerables a las trabajadoras y trabajadores de las empresas más pequeñas".
