La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, también llamada Oficina Andaluza Antifraude, ha registrado un total de 188 denuncias, de las que 76 se han presentado de forma anónima, a lo largo del más de un año de actividad que acumula tras su creación al amparo de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.
Además, la Oficina no ha admitido 46 denuncias recibidas por diferentes razones y supuestos como por la "falta de fundamentos sólidos de la denuncia presentada, o porque su contenido no se encuentra en el ámbito de competencias" de este organismo "para tramitar las mismas", según informa la propia entidad en su página web.
Aunque fue en junio de 2021 cuando el Parlamento andaluz aprobó la citada Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, a la que se vincula la creación de esta oficina, no fue hasta el 14 de octubre de ese año cuando la Mesa del Parlamento estableció mediante un acuerdo el régimen jurídico preciso para la puesta en funcionamiento de esta oficina.
No obstante, el director de este órgano, Ricardo Vicente Puyol, estableció que sería a partir del 1 de junio de 2022 cuando adquirirían "plena efectividad" las previsiones de la citada Ley 2/2021 "vinculadas al pleno desarrollo" de las funciones de esta unidad, que acumula así ya más de un año de actividad.
La Oficina Andaluza Antifraude es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, que actúa "con plena autonomía e independencia", y cuyos fines son los de "prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía".
Con datos actualizados a fecha del pasado 21 de julio de 2023, consultados por Europa Press, la Oficina ha registrado un total de 188 denuncias, de las que 76 han sido presentadas "de manera anónima", y 46 no han sido admitidas por supuestos como los mencionados.
Además, 20 personas han solicitado medidas de protección en su denuncia, según los datos publicados por la propia Oficina, que recoge que el mayor número de denuncias recibidas --88, un 47% del total-- afectan a corporaciones locales, y el 36% a la Junta de Andalucía --con un total de 68--, de forma que, por entidad denunciada, las corporaciones locales y la Junta de Andalucía concentran el 83% de las denuncias con un total de 156 entre ambas.
Por detrás se sitúan, como entidades más denunciadas, las universidades --con ocho--, y un grupo encuadrado en las estadísticas de la Oficina bajo la etiqueta de 'Otros' que incluye 24 "denuncias contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de la Fiscalía y denuncias por blanqueo de capitales".
POR MATERIA DENUNCIADA
La Oficina también detalla que, por materia denunciada, las que afectan a cuestiones de 'personal' suman 77, las que conciernen a licencias y urbanismo, 30; las relativas a contratación pública, 20, y las que tienen que ver con incompatibilidad de altos cargos se cifran en diez.
Al margen de estos bloques se sitúa nuevamente uno de 'Otros', cuyas denuncias "coinciden en buena medida" con las archivadas, por razón, por ejemplo, de que son "cuestiones que no son competencia de la Oficina", como por ejemplo ocurre con "denuncias por responsabilidad patrimonial, contra la Guardia Civil, Ministerio Fiscal, por blanqueo de capitales, obligaciones contables de empresas públicas municipales" y "conflictos interpersonales entre funcionarios", según detallan desde la propia entidad.
