Al reanudarse el juicio, sobre las 10:15 horas, el presidente de la Sala, José Godino, consideró “contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre en todos los actos procesales” las “alusiones” al juez instructor y al fiscal.
La llamada de atención de Godino se produce tras las críticas que hizo el lunes el abogado Francisco Soriano, que a su vez es acusado y representa al procesado Manuel Sánchez Zubizarreta.
Soriano calificó de “inquisidor” al juez Torres, que dirigió la investigación desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, y actualmente es titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada.
Explicó que toleró dichas acusaciones por el “absoluto respeto al derecho de defensa” como pilar básico del Estado de derecho, así como a todos los letrados presentes, cuya actuación “sigue siendo realmente impecable y ejemplar”.
El presidente de la Sala añadió que se permitió esta actitud porque el abogado interviniente también es procesado y es “humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento”.
Por ello, el tribunal “olvida la cuestión”, señaló Godino, quien pidió a los letrados que centren sus críticas en “cuestiones y matices estrictamente jurídicos” y eviten “cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce”.
Pese a la petición del tribunal, las críticas de las defensas de los procesados al primer instructor del caso continuaron ayer, sobre todo durante la intervención de los letrados de los presuntos testaferros del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca.
Las críticas continuaron
Así, el letrado José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y ponente de una de las sentencias que condenó al ex banquero Mario Conde, manifestó que Torres “no se comportó de modo imparcial” y que mostró un “interés personal” en la causa y consideró que era “el único juez que garantizaba el éxito de la investigación”.
En la misma línea que Francisco Soriano, Choclán afirmó que la instrucción siguió un “modelo inquisitivo” y que el juez y el fiscal no velaron por los derechos fundamentales de los acusados.
Según este letrado, que reclamó la nulidad total del caso por haberse vulnerado las normas de reparto, el juez Torres ordenó “detenciones masivas”.
Por su parte, el abogado de Montserrat Corulla Castro -acusada de de ser una de las testaferros de Roca-, Gonzalo Rodríguez Mourullo, destacó la vulneración del derecho a la intimidad de su cliente, ya que la Policía unió a la causa conversaciones telefónicas y mensajes de móvil subidos de tono.
Además, resaltó que los agentes policiales incluyeron en el procedimiento valoraciones subjetivas como: “él intenta ligar con ella”, en alusión a la persona que le enviaba los mensajes, lo que no aportaba nada a la acusación.
La mayoría de los abogados incidió en que los autos de detención deberían ser declarados nulos, en la nulidad de entrada y registro de domicilios y despachos, así como en la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez predeterminado por la ley.
Las alusiones a mensajes subidos de tono y las mujeres valientes
Los mensajes de móvil subidos de tono que escuchó la Policía, la comentada valentía de dos mujeres por asumir la defensa del principal imputado, Juan Antonio Roca, y las fichas de dominó colocadas en fila para escenificar la nulidad del procedimiento judicial animaron ayer el juicio del caso Malaya.
La segunda jornada del mayor juicio por corrupción en España fue algo tediosa, caracterizada por una sucesión de peticiones de nulidad del proceso por parte de las defensas. No obstante, durante la intervención de los abogados hubo momentos en los que los argumentos jurídicos se emplearon para rechazar la intervención policial de conversaciones telefónicas y mensajes de móvil privados y otros en los que se utilizaron ejemplos de “andar por casa” para justificar las peticiones de nulidad.
Conversaciones de carácter íntimo, que pertenecen a la esfera personal, se recordaron en la vista oral, en la que volvieron a ser varias mujeres las protagonistas, al igual que el lunes cuando una de las procesadas abandonó la sala de vistas para darle el pecho a su bebé.
El abogado de Montserrat Corulla -acusada de ser una de las principales testaferros de Roca-, Gonzalo Rodríguez, solicitó que “estas transcripciones no permanezcan un minuto más” en el procedimiento, y alegó que tales mensajes y conversaciones “no tienen ninguna conexión con esta causa”. Indignado, el letrado reiteró que la Policía hace valoraciones subjetivas cuando afirma que un hombre llama a Corulla para “intentar ligar con ella” y que ello no aporta nada a la acusación.
El contenido de dichos mensajes y conversaciones no fue leído en el juicio y nadie se atrevió a citar las frases que recibía o escuchaba esta procesada, que años atrás tuvo grandes intereses inmobiliarios en Madrid.
Por su parte, el abogado José Manuel Vázquez Ramírez, que representa a varios procesados, dio públicamente las gracias a sus compañeras Rocío Amigo y Yolanda Terciado por haberse hecho cargo de la defensa de Roca “tan rápidamente”, ya que es “bastante compleja”.
Este letrado destacó la “valentía” de estas abogadas en una Sala “compuesta por hombres”, que también son mayoría entre los abogados, acusados y en la Fiscalía, apoyo que no fue muy bien entendido, por sexista, entre los periodistas que cubren el juicio.
Entre los discursos de los letrados, plagados de referencias jurídicas, también hubo afán didáctico sobre la nulidad del procedimiento.
José Manuel Vázquez, que se adhirió a la petición de la nulidad de escuchas telefónicas planteada por la defensa de Roca, aludió a la “doctrina de los frutos del árbol envenenado” para reclamar la nulidad radical, “en cadena”, de todas las actuaciones.
Para que se entienda su argumento, dijo: “Es como si tuviéramos una fila de fichas de dominó y se cae una y a continuación caen todas en cadena hasta la última”.
Durante la sesión, también llamó la atención que, pese al “tirón de orejas” del presidente del tribunal, José Godino, a los abogados para que no descalifiquen al primer instructor de la causa, el juez Miguel Ángel Torres, los letrados siguieron lanzando sus dardos. Eso sí, de forma muy correcta.
La Junta defiende su papel en el caso
Mientras, el Gobierno andaluz aseguró ayer que “en todo momento” contribuyó a la “persecución y esclarecimiento” de lo ocurrido en Marbella, ya que llegó a impugnar 400 acuerdos municipales que incumplían la ley, retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento y ejerce la acusación particular.
“La Junta ha cumplido con sus obligaciones de vigilancia urbanística en todo momento”, aseguró la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, quien consideró que este caso es el “final de una larga lucha contra los abusos urbanísticos que se cometían” en Marbella.
