Alcaldes de Sierra Nevada piden un papel activo en la gestión de la Reserva de la Biosfera

Una treintena de alcaldes de Granada y Almería han pedido a la Junta más información y tener un papel activo en el proceso de ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada y han reclamado conocer qué implica formar parte de este espacio protegido.

Los alcaldes y portavoces del PSOE en municipios de las dos provincias afectados por los planes de ampliación de la actual Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada han pedido a la Junta su participación real en el proceso y que los vecinos conozcan qué implica para el territorio este reconocimiento de la Unesco.

Los socialistas, junto a representantes de dos formaciones independientes, han registrado este jueves un manifiesto en la delegación del Gobierno andaluz en Granada para pedir una reunión con el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, para debatir sus principales preocupaciones.

El alcalde de Bérchules y diputado provincial, Ismael Padilla, ha reivindicado en nombre del grupo un papel "más activo" en la gestión y planificación de actuaciones y recibir información más concreta.

"Estamos a favor, pero no de la manera que se han hecho las cosas, queremos que se cuente con la población y que la Consejería se implique y le cuente a nuestros paisanos y paisanas cuáles son esas ventajas que vamos a tener", ha añadido Padilla.

El alcalde alpujarreño ha apuntado que los ayuntamientos demandan una mayor cuota de participación en los diferentes órganos donde se van tomar las decisiones para aportar el conocimiento del territorio que tienen y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, justo e inclusivo.

En su escrito, los alcaldes y portavoces también han pedido conocer los posibles beneficios y consecuencias que ampliar la Reserva, especialmente por la despoblación que afecta a casi la totalidad de los municipios de Sierra Nevada.

En este contexto, han reclamado igualdad de oportunidades con medidas que fomenten el desarrollo económico y social, el blindaje de servicios públicos esenciales para asegurar el acceso a una educación, sanidad, servicios sociales y transporte de calidad, y participación real de la población local en la gestión de la Reserva.