La Audiencia Nacional juzgará desde este martes a 13 personas acusadas de integrar una trama que adquiría gasóleo B --con una fiscalidad reducida por sus condiciones de uso-- y lo transformaba y comercializaba después como gasóleo de uso general.
Fiscalía les imputa delitos de pertenencia a organización criminal así como hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública y solicita hasta 36 años y medio de cárcel para los principales investigados.
El escrito de acusación de Fiscalía, recogido por Europa Press, señala que los acusados, "actuando de común acuerdo y de manera coordinada formaban parte de un grupo, llegando a formar hasta nueve tramas, que operaba a través de un complejo entramado empresarial de personas físicas y jurídicas interconexionadas entre sí, que venía operando desde el año 2009 en gran parte del territorio nacional".
El grupo, denominado por los investigadores como 'trama Alvarado', tenía en la figura del encausado José Alvarado Martín a uno de sus cabecillas dado que dirigía "una de las células más activas". Alvarado se apoyaba en otros seis colaboradores directos y el resto de imputados eran empleados.
Según detalla el escrito del fiscal, la 'trama Alvarado' se hacía con el gasóleo B gracias a la administradora de la sociedad Petrovelez --no enjuiciada-- que "desviaba desde su propio almacén fiscal el gasóleo B, que a su vez compraba sin factura, a los establecimientos de distribución de hidrocarburos Garaje La Hoya y Combustibles La Hita".
Desde un centro clandestino de transformación de hidrocarburos ubicado en Pinos Puente (Granada), el gasóleo era transportado a las gasolineras de José Alvarado "para su venta como gasóleo de automoción". En ese transporte participaban varios investigados que eran chóferes de la empresa Carburantes Ecosol.
El encargado de la recepción y transformación del gasóleo B desviado de Petrovelez a Pinos Puente para eliminar su trazabilidad era Javier Alvarado Martín, hermano del cabecilla.
Según el escrito de acusación, el carburante transformado no solo se vendía en gasolineras propiedad de Alvarado sino que se distribuía a otras estaciones que eran "clientes habituales" y que pagaban en efectivo.
El fiscal explica que el beneficio del fraude para los encausados residía en que el gasóleo B que había soportado los tipos reducidos "se vendía como si fuera gasóleo A que debiera haber soportado los tipos generales".
"El precio sin impuestos de ambas clases de gasóleo es similar, existiendo diferencia únicamente entre su precio de venta en base a la carga impositiva soportada en cada caso. De esta diferencia es de lo que se apropiaba la organización de Alvarado, esto es, la diferencia entre el precio de compra del gasóleo B y el precio de venta del gasóleo desviado, lavado y transformado en gasóleo A", explica.
El Ministerio Público cuantifica las cuotas defraudadas en impuestos especiales por esta operativa entre 2012 y 2014 en casi 2,3 millones de euros; el fraude en el IVA lo eleva a casi 2 millones de euros; y el fraude en el impuesto de sociedades en 677.000 euros.
