“Durante la realización de los trabajos de campo se detecta por parte de este órgano de control externo autonómico un saldo contable muy elevado en la caja municipal, cuenta (570), de 3.998.320,35 euros a principios del ejercicio 2007 y de 5.790.280,47 euros a su término.

Por tal motivo, y con la finalidad de verificar dicha cuantía, se intenta consultar las actas de arqueo de 31 de diciembre de 2006 y de 2007, de preceptiva elaboración según la regla 101 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (IMNCAL). Esta comprobación, sin embargo, no pudo llevarse a cabo dado que no habían sido confeccionadas por el Ayuntamiento.

Sí había realizado, sin embargo, el arqueo extraordinario que el art. 36.2 del Reglamento de 1 Entre otros, el art. 140 de la CE Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF)2 exige con motivo de un cambio en la corporación municipal, hecho que tuvo lugar el 16 de junio de 2007, tras las elecciones celebradas en ese año”.

Las existencias de metálico en la caja municipal, el 16 de junio de 2007 y tras el recuento físico efectuado, ascienden a 7.895,49 euros. “Nada manifiesta, sin embargo, sobre el saldo contable de la caja en ese momento (a pesar de ser de 4.793.894,50 euros), ni sobre la necesidad de conciliar la diferencia producida entre dicho saldo contable y el importe resultante del recuento físico efectuado (aun cuando alcanzaba los -4.785.999,01 euros).

Comunicación
Tales hechos son puestos en conocimiento de los servicios económicos del Ayuntamiento de San Fernando, “quienes inician una investigación, paralela a la ya comenzada por este órgano de control externo” y que concluye con la constatación del “acaecimiento de un presunto alcance en la caja municipal, a 1 de abril de 2009, de 7.791.294,87 euros” (sic), que denuncian ante las autoridades competentes.

Así comienza el demoledor informe de la Cámara de Cuentas sobre la auditoría realizada tras la denuncia del Ayuntamiento de la falta de 468.723,83 euros ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Y en esos hechos sólo entran números contantes y sonantes y la constancia de que en el arqueo presentado a la nueva Corporación estaba mal. Tan mal que faltaban casi 4,8 millones de euros, aunque luego aparecería el dinero, de la misma manera que los saldos de la Caja municipal han estado desapareciendo y apareciendo durante años.

Hombre de confianza
En este acto de presentación de cuentas, acto solemne como es el Pleno de Investidura del Ayuntamiento, había dos protagonistas principales. El alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, y el interventor municipal, José Antonio López Fernández. Un interventor que dicho sea de paso, siempre ha contado con la confianza extrema del alcalde, según el propio regidor isleño no ha dudado en manifestar públicamente cuantas veces se le ha requerido su valoración.

Y un interventor que a buen seguro conoce a la perfección todos los vericuetos de las cuentas municipales, no porque se haya tenido que enterar por el informe de la Cámara de Cuentas sino porque ha sido cocinero antes que fraile en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento.

Antonio López Fernández era, antes que el máximo responsable técnico del dinero de todos los isleños, el tesorero municipal, el cargo inferior al actual y que aún conserva a pesar de hacer sufrido el robo de 7,9 millones de euros, el más grande en un ayuntamiento en toda la historia de España.

La plaza de interventor, una vez que el anterior se jubiló, la pedía una profesional del ramo con méritos suficientes para conseguirla pero finalmente esta profesional terminó en la Diputación de Cádiz, donde el actual alcalde de San Fernando fue diputado provincial de Hacienda y vicepresidente primero de la Institución gracias al pacto del PSOE con el PA que sostenía al todavía presidente, Francisco González Cabañas. Simplemente, circunstancias, como no podía ser menos.

Por hache o por be, López Fernández consiguió la plaza de interventor en el Ayuntamiento de San Fernando, por lo que se puede decir sin temor a equivocarse que ha estado al frente de la economía local prácticamente todo el tiempo que presumiblemente se ha estado perdiendo dinero de los contribuyentes.

Dos años después
Este viernes 1 de abril de cumplen dos años desde que el interventor, López Fernández, y la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, presentaron un informe de arqueo extraordinario de la Caja de efectivo de la Corporación. Las cuentas debían arrojan un saldo de 488.198,89 euros, una vez comprobada toda la documentación, pero sólo había 19.475,06 euros.

Según el informe, se solicita a los cajeros Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis la justificación de la diferencia existente “sin que se obtenga una respuesta diferente que la de negar el conocimiento de esa diferencia”. Esto es, los 468.723,83 euros en que se cuantificaba en un primer momento el presunto alcance sobre los fondos líquidos municipales.

Luego, todos los llamados a declarar, incluidos los dos cajeros que fueron detenidos sobre las cuatro de la tarde de ese 1 de abril de 2009, manifestaron que existía un descuadre en las cuentas municipales de más de siete millones de euros y que tal descuadre era conocido por todos, que se creyó que era un error informático, que los responsables máximos de las cuentas municipales -interventor y tesorera- estaban al tanto y que nadie hizo nada por solucionarlo en todos los años de presuntas denuncias o avisos a la superioridad.

Con el caso bajo secreto de sumario, los dos cajeros fueron puestos en libertad con cargos, aunque posteriormente fue detenido Clemente Ruiz García a petición del Ministerio Fiscal que aducía riesgo de fuga o destrucción de documentos.

Tras las primeras investigaciones entraba también a colación una familia ceutí de origen marroquí que había mantenido contactos y negocios con el ex cajero -dueño también de una inmobiliaria de caóticos balances en los últimos años-, mientras en la ciudad se organizaba un movimiento para pedir responsabilidades políticas. O sea, las dimisiones del alcalde, Manuel de Bernardo y de la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo Martínez.

El alcalde exculpó de cualquier cargo -incluso antes de que se conociera el informe demoledor de la Cámara de Cuentas- a todo el personal de Economía y Hacienda con su máximo responsable a la cabeza, el interventor, y por contra, culpó al ex cajero, una culpabilidad que luego se acompañó de la consideración de presunta.

Dos años más tarde, el ex cajero municipal está a punto de cumplir los dos años en prisión preventiva y los resultados de las investigaciones no se conocen. Lo único claro es que se perdieron 7,8 millones y los máximos responsables de custodiarlos siguen en sus puestos.

A la espera del Tribunal de Cuentas
El informe de la Cámara de Cuentas que ponía al descubierto la alarmante falta de control de la Caja municipal fue calificado por el alcalde de San Fernando e incluso por su entonces socio de Gobierno, el Partido Popular por boca del presidente provincial del PP y ahora candidato a la Alcaldía, José Loaiza, como excesivamente político al hacer consideraciones que sobrepasaban el cometido estricto de una auditoría.

El Gobierno municipal aprobó encargar a un prestigioso abogado un informe técnico sobre la auditoría de la Cámara de Cuentas que costó a las arcas municipales 60.000 euros. Y en ese informe se opinaba sobre la praxis de los auditores del órgano fiscalizador de la Junta de Andalucía, sembrando al menos la duda sobre sus métodos.

No obstante, el evidente descontrol de la Caja municipal y por ende, de los dineros de los contribuyentes, había quedado de manifiesto también y desde el principio en la investigación de los agentes especializados de la Policía Nacional, que incluso llegó a decir que el robo no hubiera sido posible o se hubiera descubierto mucho antes si se hubieran llevado a cabo los controles que marca la ley y que debían estar bajo la supervisión del interventor municipal, máximo responsables del patrimonio público.

Las últimas investigaciones, de fuentes no oficiales, siguen señalando a Clemente Ruiz García como culpable del desfalco y se asegura que están localizados unos cuatro millones de euros, entendiéndose por localizados que se sabe el camino que siguieron, no necesariamente que se puedan recuperar.

Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas se ha hecho cargo del caso y este organismo sí puede exigir responsabilidades de todo tipo. Y curiosamente, el informe lo está haciendo la denostada Cámara de Cuentas, de la que ya no se fía tanto el alcalde.

“Ha quedado claro que del Ayuntamiento no hay más implicados”
El primer edil isleño, Manuel María de Bernardo, realizaba un balance de estos dos años desde que salió a la luz pública el desfalco de la Caja Municipal. “Como alcalde fui el primero que denuncié ante la policía los hechos, tan pronto tuve conocimiento de los mismos, hace ahora 2 años. Confío en la Justicia y espero que dictamine a la mayor brevedad posible, hoy mejor que mañana. El Ayuntamiento se personó desde un primer momento como acusación particular para defender los intereses de la ciudad”.

“Los presuntos autores del robo fueron inmediatamente detenidos por la Policía Nacional, se encuentran procesados y uno de ellos continúa actualmente en prisión. Durante este tiempo, la Justicia y la Policía han dejado claro que nadie más del Ayuntamiento ha estado implicado en el robo, ni políticos ni funcionarios”, indica.

“El Gobierno municipal y el Ayuntamiento reiteran su total confianza en la labor que están realizando la administración de Justicia a través del Juzgado competente, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el total esclarecimiento de los hechos y espero y deseo que se pueda recuperar lo sustraído”, dice el alcalde.

Por último, afirmó que “el Ayuntamiento seguirá ofreciendo su absoluta colaboración para llegar hasta el final en este asunto que tanto daño ha hecho a la ciudad y facilitando todo lo posible la labor policial y judicial como ha venido haciendo desde que denuncié el robo”.

Responsabilidad política
Por su parte, el PSOE realizaba su balance a través de su secretario general, Jaime Armario, de estos dos años. “La situación generada por el robo de 7,8 millones de dinero público apenas ha variado en estos dos años. Poco sabemos de lo ocurrido y cada día aumentan las dudas al respecto como consecuencia de las informaciones que van haciéndose públicas. En la actualidad permanece en prisión preventiva, a la espera de la celebración del juicio, uno de los imputados”.

Respecto a la responsabilidad del Gobierno de la ciudad inherente a este asunto, calificado como “el mayor robo” perpetrado en un Ayuntamiento de España, “sigue sin ser asumida ni admitida por los cargos públicos que debían velar por el correcto funcionamiento de la administración local y, por tanto, de su erario municipal. Estos son el primer edil Manuel María de Bernardo y la delegada de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo. En esta situación concreta, nada ha cambiado ni nadie ha asumido la responsabilidad que le confiere un cargo asumido libremente, manifiesta Armario.