El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Granada y el equipo de Policía Judicial de la Benemérita en Almuñécar, en colaboración con la Capitanía Marítima de Motril y con la Policía Local, en el marco de la operación Barco Dorado, han descubierto que una empresa que operaba en la costa granadina "alquilaba embarcaciones de recreo con matrículas falsas para evitar, en caso de que una" de ellas "fuera denunciada", que la sanción llegara a dicho negocio, cuyo responsable ha sido puesto a disposición del juez.
Durante la fase de explotación de esta operación, la Guardia Civil ha intervenido y precintado cinco lanchas y cuatro motos de agua porque sus números de bastidor no coincidían con las matrículas que llevaban impresas, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.
El responsable de esta empresa de alquiler de embarcaciones de recreo ha sido puesto a disposición judicial como supuesto autor de diez delitos de falsedad documental, han detallado desde la Guardia Civil.
Tras la actuación de la Guardia Civil, la Capitanía Marítima de Motril le ha revocado la autorización que le había otorgado para el desarrollo de su actividad comercial y el Ayuntamiento de la localidad en la que operaba, a su vez, le ha retirado la licencia de actividad al establecimiento.
Esta operación es una consecuencia inmediata de la campaña de inspección de embarcaciones de recreo y motos náuticas que la Guardia Civil ha realizado a lo largo de la costa de Granada durante todo este verano de 2024.
Durante una de estas inspecciones los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que en una de las empresas que se dedicaban al alquiler de este tipo de embarcaciones de recreo, cinco de sus lanchas y cuatro motos acuáticas tenían "impresas matrículas falsas" en tanto "el número de bastidor de las embarcaciones no coincidía con la matrícula".
Los agentes descubrieron también el contrato de compraventa de una quinta moto de agua con matrícula falsa que al parecer el investigado había vendido a un vecino de Granada.
Cuando los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptan una de estas embarcaciones en alta mar, a los tripulantes se les pide la documentación, pero rara vez se comprueba el número de bastidor de la embarcación por la dificultad o la imposibilidad, si cabe, de realizar dicha comprobación en el agua.
Así, en caso de denuncia, la sanción nunca llega a la empresa de alquiler porque la matrícula que identifica a la moto de agua o a la lancha no existen en el registro de matrículas de la Dirección General de Marina Mercante.
