El alcalde, Enrique Moresco, indica que el asunto del estado de insalubridad que existe en la bodega ubicada en la barriada de José Antonio es un tema que preocupa al equipo de Gobierno, confirmando que incluso se podrían llegar a las multas coercitivas por falta de colaboración del propietario del inmueble abandonado y que ha sido denunciado en distintas ocasiones por los vecinos del barrio así como de Residencial La Salle.

Confirma el primer edil que “no paramos de hacer gestiones al respecto” e incluso admite que “tomo nota de las deficiencias que voy viendo por la ciudad”, para trasladarlas a los ediles responsables, y en este caso, con anterioridad Patricia Ybarra y ahora el edil de Urbanismo, Diego Muñoz, tienen constancia de la importancia de dar una solución a este problema, no siendo fácil, porque en principio hay que desarrollar ciertos trámites administrativos que llevan su tiempo y su complicación aparejada.

Moresco lamenta que el único instrumento del equipo de Gobierno en cuestiones de solares o fachadas en mal estado o abandonados sea mandar decretos a los propietarios, como le consta que se ha hecho en el caso de esta bodega, puesto que son los responsables de devolver su estado normalizado al edificio.

Plazos

Si en el plazo considerable y estipulado por ley no se responde “estos decretos se convierten en multas coercitivas”, por lo que no descarta que, cumplido el plazo, tenga que ser así para acabar con el problema existente, pues como ya han apuntado en muchas ocasiones los vecinos, la bodega es el espacio elegido por los drogadictos para pasar la noche o cubrir sus necesidades, lo que ocasiona la proliferación de roedores e insectos, una situación que irá a más con la llegada del verano.

Pero además, la preocupación de los vecinos se fija en la poca prudencia de los inquilinos de la bodega, que ya han provocado algunos incendios, por lo que no quieren que esta situación aumente u ocurra una desgracia para que se actúe.

Por otro lado, Moresco admite que un arma que podría utilizar el equipo de Gobierno sería acudir y actuar de manera subsidiaria, pero tal cual está la situación económica, hay que intentar agotar las vías legales para requerir que sea el propietario el que tome cartas en el asunto y así el Ayuntamiento se evita tener que derrochar una partida económica que tardará en recuperar, igualmente por los plazos estipulados. Por ello confían en poder mantener los trámites previstos por la ley para atajar un problema que entiende, afecte a los vecinos, pero también considera importante que los afectados conozcan de primera mano que el equipo de Gobierno está intentando buscar la solución al problema.