“Esta vez no toca en la ciudad de Puerto Real donde tiene su sede la entidad”, indica el colectivo en un comunicado hecho público, “sino en Cádiz capital, donde ponemos como ejemplos tres de los edificios en donde una persona usuaria de silla de ruedas le es imposible acceder a ellos, bien por no tener un acceso adecuado o por disponer de ayudas técnicas, como salvaescaleras o plataformas, que están sin funcionar por falta de mantenimiento, cuando corresponde a los poderes públicos mantener su buen funcionamiento para el uso de las personas con movilidad reducida, ahora que hablamos mucho en los medios de comunicación de la accesibilidad universal”.
El primer edificio que presenta problemas es el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, situado en la avenida Ramón de Carranza (edificio Roma) donde está ubicada el Área de Igualdad. “Hemos enviado escritos el 27 de mayo de 2010 y posteriormente el 15 de febrero de 2011, ante la falta de incumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio. Adolece de ayuda técnica al tener dos escalones y una entrada alternativa lateral que tiene un escalón más el del acerado”.
Del Registro de Asociaciones, del Servicio de Justicia de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública, situado en la calle Sánchez Barcaiztegui, número 3, “se ha enviado escrito el 16 de mayo de 2011, igualmente por incumplimiento del Decreto antes mencionado. La plataforma existente para acceder al ascensor no funciona; el registro está situado en la tercera planta”.
En la Agencia del Voluntariado dependiente de la Delegación de Gobernación y Justicia de Cádiz, situada en la plaza de España, número 19, “la plataforma salvaescaleras no funciona, teniendo que acceder a través del garaje de dicho edificio”.Como prueba de estos ejemplos, la asociación adjunta al comunicado varias fotos donde se puede observar y comprobar las deficiencias, recordando que “tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano a poder acceder en igualdad de condiciones”.
El colectivo exige exigimos a la Administración que tome las medidas oportunas “y hagan cumplir el Decreto 293/2009, de 7 de julio, en todos los edificios de concurrencia y uso público”.
