La madre de todos los desmadres
La connivencia de la Junta y del Ayuntamiento propiciaron la negligencia de la gestora de los apartamentos de Bahía Sur y la pérdida de categoría.
La connivencia del Ayuntamiento de San Fernando y de la Junta de Andalucía, esta última a través de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deportes, propició la degradación paulativa del complejo de apartamentos de Bahía Sur hasta llegar a su reclasificación pasando de tres llaves a una. O sea, de primera a tercera categoría, lo menos que se despacha junto a un hotel que por ahora sigue manteniendo las cuatro estrellas.
El Ayuntamiento de San Fernando no actuó para evitar la venta fraudulenta de apartamentos como unidades residenciales hasta que las denuncias de este periódico hicieron reaccionar a la oposición, pero ya se habían vendido las suficientes como para que en un futuro se presentara el problema social que ahora se quiere solucionar a base de expedientes de Urbanismo.
Si bien es cierto que no pudo evitar la operación puramente especulativa de Elías Rodríguez Viñas y Oleger Pujol -que no lograron vender todo el papel, en cuyo caso ya ni estarían en San Fernando-, aunque obligó a encauzarla a través de un pool de explotación hotelera, con el paso de los años y aun conociendo la residencia ilegal de muchas familias, se cruzó de brazos convirtiéndose en aliado pasivo del verdadero problema de la fórmula especulativa. Esto es, la atomización del complejo y a la larga, las dificultades de gestión por el enfrentamiento entre propietarios, cada uno con sus intereses particulares.
Sólo al final y cuando la lucha de poderes afectó al complejo comercial de Bahía Sur -cuando la subcomunidad de bungalós se hizo con el control del complejo y cerró los aparcamientos a la zona comercial- comenzó a actuar incoando los expedientes, aunque sólo se ha dado a conocer el resultado final de uno de ellos, el que afectaba al presidente de bungalós, Manuel Penedo, contrario al uso de los aparcamientos por Radamco al precio que los estaba pagando.
El papel del Ayuntamiento, pues, ha estado en todo momento al lado del concesionario del complejo, Complejo Bahía Sur SL, como es lógico, pero no intentó establecer una vía de diálogo con las partes enfrentadas, sino que se enfrentó con una de las partes. Y eso, obviamente, no ha arrojado soluciones.
Buena voluntad, pero...
No está de más consentir en la buena voluntad municipal en todo el proceso que ha llevado a una situación difícilmente irreconciliable entre las partes -cuando la única solución es conciliar los intereses de todos habida cuenta de que el municipio no tiene dinero para rescatar los apartamentos que se salgan del sistema de explotación hotelera-, como también se puede considerar bien intencionada la actitud dela Junta. Conniventes, en ambos casos, pero bien intencionadas.
Los delegados provinciales de Turismo, Comercio y Deportes han repetido hasta la saciedad que la intención siempre ha sido dar tiempo a que se encontrara una solución a las luchas intestinas y que tras ella, comenzara la rehabilitación del complejo que ha sido advertido de irregularidades -algunas de ellas de extramada gravedad- a través de inspecciones a las que desde el gestor oficial, Complejo Bahía Sur SL, se les hizo caso omiso. Prueba de ello es que pasaban de un expediente a otro sin que mejorara nada de lo denunciado por los inspectores.
Con los documentos oficiales en la mano, se puede hablar de que la degradación del complejo denunciada oficialmente comienza con el tiempo suficiente para que las instalaciones entregadas por el grupo Barceló a las dos empresas compradoras -Complejo Bahía Sur SL (CBS) y San Fernando Resort SL- hicieran aguas, habida cuenta de que los 300 millones de pesetas que Elías Rodríguez Viñas dijo al ex alcalde de San Fernando, Antonio Moreno, que se iban a invertir en remozar las instalaciones, nunca se invirtieron. Y claro, comenzaron a aparecer los desconchones.
La operación de compraventa del complejo tuvo lugar a finales de 2003 y el 7 de marzo de 2008, se da traslado a Complejo Bahía Sur SL por parte de la Delegación Provincial de Turismo del primer acuerdo de iniciación de reclasificación de oficio, tras el cual el complejo pasaría de primera a tercera categoría.
Compromiso incumplido
Ese primer expediente se paró porque la gestora oficial se comprometió a arreglar las deficiencias, por lo que en diciembre de este mismo año se decide la suspensión temporal de la reclasificación de oficio, gracias a la buena voluntad de la Junta.Menos de un año después se comprobó que las buenas intenciones de Complejo Bahía Sur SL sólo fueron una maniobra de dilación, porque una tercera inspección para comprobar el cumplimiento de los compromisos contraídos por CBS demostró que no se había hecho absolutamente nada y que persistían las irregularidades que motivaron la apertura del primer expediente. Era el 17 de noviembre de 2009, nueve meses después.
Pues bien, a pesar de que la Junta comprueba que siguen las anomalías, resuelve declarar caducado el expediente de reclasificación en un escrito de fecha de 12 diciembre de 2009, en el que recoge precisamente todo lo acontecido en el complejo, en las inspecciones y el incumplimiento por parte de CBS de solucionar las deficiencias.
En realidad, se cerraba porque había cumplido el plazo legal para actuar sobre ese expediente, por lo que con la misma fecha se vuelve a abrir otro proceso de reclasificación sobre los mismos hechos, ya que se conservaban los trámites y actos obrantes en el expediente anterior, “cuyo contenido no se ve afectado por la declaración de caducidad”.
Y así han ido abriéndose expedientes de reclasificación y caducando sin que Complejo Bahía Sur SL, gestora oficialmente reconocida y única del complejo, pusiera de su parte para evitar el desenlace final al que se han visto obligados los responsables de la Delegación Provincial de Turismo de la Junta.
Esto es, a la reclasificación del complejo que ya es de tercera categoría, que está dado de baja en su totalidad “por temporada” y de forma definitiva aquellas que se salieron del pool de explotación -unas 80 agrupadas en Atisla, la empresa de Manuel Penedo- pero sobre el que el delegado provincial de Turismo, Manuel González Piñero, tiene sus dudas de que las deficiencias que han motivado su reclasificación estén en corregidas en primavera.
O al menos, en condiciones de operar con la categoría perdida.La connivencia de Junta y Ayuntamiento, pues, se queda en pecata minuta y bien intencionada comparada con la incapacidad de la gestora, Complejo Bahía Sur SL, para gestionar, cuando no de la negligencia que emana de los informes oficiales en los que hacen una trágica radiografía de la situación del complejo.
Infracciones para un cierre inmediato
La inspección realizada el 17 de noviembre de 2009 contiene deficiencias producidas por la falta de mantenimiento en una buena parte, pero también deficiencias que ponían en peligro la integridad física de las personas, tanto las que viven allí permanentemente como aquellas que ocupaban las unidades de alojamiento en calidad de clientes. Y sin olvidar las denuncias de una parte de los propietarios que incluso motivaron el cierre de las piscina por deficiencias peligrosas, aunque se trataba de la denuncia y decisión de una de las partes en conflicto y, por ende, podría ser subjetiva.
Siempre según ese informe, las zonas comunes carecían de requisitos imprescindibles para un complejo de primera caterogía, entre ellos recepción y teléfono para comunicar con las unidades de alojamiento. Todo estaba centralizado en el hotel.Pero en lo que se refiere a la inspección módulo por módulo, en los estudios y bungalós se detectaron camas en mal estado, neveras oxidadas, enchufes rotos, paredes sucias, despintadas y con humedad,suelos sucios y manchas de grasa...
Los peores problemas, sin embargo, se daban en el módulo de apartamentos y dúplex, donde se concentran la mayor parte de los que compraron con la intención de residir allí -engañados sin querer o queriendo- , donde se detectó que los patios interiores de las ventanas estaban cerrados con una montera, impidiendo su ventilación. Una obra ilegal realizada por los propietarios.
Lo peor, en la Manzana 4, es que no funcionaban las puertas de seguridad contra incendios en el 90 por ciento del bloque; tampoco el cierre antipánico; no estaba señalizada la salida de emergencia; los detectores de humo y la alarma contraincendios, rotos... y cada uno había puesto la puerta de su casa como le había dado la gana. Como si fuera suya.
Lo que ha ocurrido es la prueba del fracaso del modelo de gestión
Visto lo ocurrido durante estos años en el complejo hotelero y cómo se ha llegado a la degradación de uno de los mejores complejos de la provincia, es cierto que el hecho de que residan allí diez, veinte, treinta o cuarenta familias puede considerarse un hecho anecdótico y en modo alguno causante de que la ciudad se haya quedado sin las plazas hoteleras, que pierda dinero toda la ciudad y por supuesto, el complejo comercial Bahía Sur que deja de tener la clientela que prácticamente “se le caía encima” desde la zona de apartamentos. Amén de la actividad del propio hotel, que no puede organizar grandes actos.
La importancia, no obstante, que tienen esas unidades de alojamiento convertidas en domicilios particulares, es que son la consecuencia de la mala gestión de Complejo Bahía Sur SL, la prueba de que el modelo impuesto por los compradores del complejo en 2003 y aceptado a la fuerza por el Ayuntamiento -so riesgo de prevaricación- ha resultado fallido y de que ese modelo ha sido utilizado, y lo está siendo, por quienes dicen que compraron como inversión y están propugnando soluciones que pasan por la perversión total de las instalaciones.
Plataforma de inversores
La llamada plataforma de inversores de Bahía Sur viene dando pasos en contra de lo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el actual y el que entrará en vigor en poco tiempo, dice que tiene que ser el complejo. Y lo está haciendo bajo la amenaza de que cualquier solución para Bahía Sur -anunciada aunque no especificada por el Gobierno local a Izquierda Unida- pasa por un acuerdo con ellos, incluida la inversión que habría que hacer para remozar las unidades de alojamiento y las zonas comunes.
De esta forma y sin querer queriendo, los que residen en el complejo permiten a la citada plataforma inflar el problema social y poner contra las cuerdas al Ayuntamiento, sabedores como son de que la ciudad no puede rescatar las unidades vendidas y ponerlas en explotación sin contrapartidas.las influencia de rodwayPor cierto, la luz llegó al complejo Bahía Sur el pasado día 24 de noviembre y el propio presidente deja claro en un correo electrónico enviado a los vecinos afectos a su presidencia, que había conseguido el enganche de forma urgente a pesar de que Endesa iba a tardar 15 ó 20 días en comunicar a Manzana cuatro las mejoras que tenían que hacer en la instalación eléctrica.
El presidente de Manzana 4 y del Beach Club, Juan Pedro Rodway -de esta última comunidad depende la luz- dijo que no podía explicar cómo había conseguido el enganche tan pronto, a pesar de las mejoras que a las que les iba a obligar Endesa.
Se reproduce el documento para que no acusen a este medio de no contrastar las noticias, porque en el documento también queda claro cómo lo han pasado y hasta se han reído durante estos dos meses con el ruido del generador, e incluso han hecho amigos. Eso sí, cortarán la luz al que no pague. Todo en un complejo de gestión única.
Llega la madre de todos los desmadres
La prueba de que los precedentes no son buenos cuando se trata de traspasar los límites legales se encuentra en el impulso que están teniendo las reivindiaciones de la Plataforma de inversores de Bahía Sur, que llegan a exigir la implantación de una nueva legalidad que beneficie sus intereses.
Si bien es cierto que una vez que el modelo de gestión ha fracasado -o el modelo o los gestores- es lógico que se pida que cualquier acuerdo marco al que llegue el Ayuntamiento con CBS debería estar refrendado y concensuado con los inversores; si no, el problema persistirá.
Pero el problema se agrava cuando pretenden incluir entre las cláusulas la posibilidad de que los propietarios puedan disfrutar sus unidades “siempre que se quiera y sin limitación de tiempo, dejando a su elección disfrutarla o alquilarla”.
Eso contraviene el contrato de explotación presentado por CBS al Ayuntamiento en 2004 y que el Ayuntamiento tuvo que aceptar al no encontrar en él nada ilegal. Los vicios del modelo han ido llegando a la vez o después de que este periódico los fuera anunciando uno por uno.
La prueba más palpable de las dificultades que encierra a estas alturas un acuerdo no traumático -e inasumible al menos por la parte municipal- es la propuesta de máximos que esta Plataforma pone sobre la mesa al decir que “todo sería más fácil si se recalificaran las unidades como viviendas vacacionales en vez de estar como apartamentos turísticos”.
O sea, una segunda residencia a precios que en 2004 estaban por los suelos, aunque luego fueron subiendo. Esa es la herencia de Rodríguez Viñas y Oleger Pujol y de la connivencia de Ayuntamiento y Junta.
El Ayuntamiento de San Fernando no actuó para evitar la venta fraudulenta de apartamentos como unidades residenciales hasta que las denuncias de este periódico hicieron reaccionar a la oposición, pero ya se habían vendido las suficientes como para que en un futuro se presentara el problema social que ahora se quiere solucionar a base de expedientes de Urbanismo.
Si bien es cierto que no pudo evitar la operación puramente especulativa de Elías Rodríguez Viñas y Oleger Pujol -que no lograron vender todo el papel, en cuyo caso ya ni estarían en San Fernando-, aunque obligó a encauzarla a través de un pool de explotación hotelera, con el paso de los años y aun conociendo la residencia ilegal de muchas familias, se cruzó de brazos convirtiéndose en aliado pasivo del verdadero problema de la fórmula especulativa. Esto es, la atomización del complejo y a la larga, las dificultades de gestión por el enfrentamiento entre propietarios, cada uno con sus intereses particulares.
Sólo al final y cuando la lucha de poderes afectó al complejo comercial de Bahía Sur -cuando la subcomunidad de bungalós se hizo con el control del complejo y cerró los aparcamientos a la zona comercial- comenzó a actuar incoando los expedientes, aunque sólo se ha dado a conocer el resultado final de uno de ellos, el que afectaba al presidente de bungalós, Manuel Penedo, contrario al uso de los aparcamientos por Radamco al precio que los estaba pagando.
El papel del Ayuntamiento, pues, ha estado en todo momento al lado del concesionario del complejo, Complejo Bahía Sur SL, como es lógico, pero no intentó establecer una vía de diálogo con las partes enfrentadas, sino que se enfrentó con una de las partes. Y eso, obviamente, no ha arrojado soluciones.
Buena voluntad, pero...
No está de más consentir en la buena voluntad municipal en todo el proceso que ha llevado a una situación difícilmente irreconciliable entre las partes -cuando la única solución es conciliar los intereses de todos habida cuenta de que el municipio no tiene dinero para rescatar los apartamentos que se salgan del sistema de explotación hotelera-, como también se puede considerar bien intencionada la actitud dela Junta. Conniventes, en ambos casos, pero bien intencionadas.
Los delegados provinciales de Turismo, Comercio y Deportes han repetido hasta la saciedad que la intención siempre ha sido dar tiempo a que se encontrara una solución a las luchas intestinas y que tras ella, comenzara la rehabilitación del complejo que ha sido advertido de irregularidades -algunas de ellas de extramada gravedad- a través de inspecciones a las que desde el gestor oficial, Complejo Bahía Sur SL, se les hizo caso omiso. Prueba de ello es que pasaban de un expediente a otro sin que mejorara nada de lo denunciado por los inspectores.
Con los documentos oficiales en la mano, se puede hablar de que la degradación del complejo denunciada oficialmente comienza con el tiempo suficiente para que las instalaciones entregadas por el grupo Barceló a las dos empresas compradoras -Complejo Bahía Sur SL (CBS) y San Fernando Resort SL- hicieran aguas, habida cuenta de que los 300 millones de pesetas que Elías Rodríguez Viñas dijo al ex alcalde de San Fernando, Antonio Moreno, que se iban a invertir en remozar las instalaciones, nunca se invirtieron. Y claro, comenzaron a aparecer los desconchones.
La operación de compraventa del complejo tuvo lugar a finales de 2003 y el 7 de marzo de 2008, se da traslado a Complejo Bahía Sur SL por parte de la Delegación Provincial de Turismo del primer acuerdo de iniciación de reclasificación de oficio, tras el cual el complejo pasaría de primera a tercera categoría.
Compromiso incumplido
Ese primer expediente se paró porque la gestora oficial se comprometió a arreglar las deficiencias, por lo que en diciembre de este mismo año se decide la suspensión temporal de la reclasificación de oficio, gracias a la buena voluntad de la Junta.Menos de un año después se comprobó que las buenas intenciones de Complejo Bahía Sur SL sólo fueron una maniobra de dilación, porque una tercera inspección para comprobar el cumplimiento de los compromisos contraídos por CBS demostró que no se había hecho absolutamente nada y que persistían las irregularidades que motivaron la apertura del primer expediente. Era el 17 de noviembre de 2009, nueve meses después.
Pues bien, a pesar de que la Junta comprueba que siguen las anomalías, resuelve declarar caducado el expediente de reclasificación en un escrito de fecha de 12 diciembre de 2009, en el que recoge precisamente todo lo acontecido en el complejo, en las inspecciones y el incumplimiento por parte de CBS de solucionar las deficiencias.
En realidad, se cerraba porque había cumplido el plazo legal para actuar sobre ese expediente, por lo que con la misma fecha se vuelve a abrir otro proceso de reclasificación sobre los mismos hechos, ya que se conservaban los trámites y actos obrantes en el expediente anterior, “cuyo contenido no se ve afectado por la declaración de caducidad”.
Y así han ido abriéndose expedientes de reclasificación y caducando sin que Complejo Bahía Sur SL, gestora oficialmente reconocida y única del complejo, pusiera de su parte para evitar el desenlace final al que se han visto obligados los responsables de la Delegación Provincial de Turismo de la Junta.
Esto es, a la reclasificación del complejo que ya es de tercera categoría, que está dado de baja en su totalidad “por temporada” y de forma definitiva aquellas que se salieron del pool de explotación -unas 80 agrupadas en Atisla, la empresa de Manuel Penedo- pero sobre el que el delegado provincial de Turismo, Manuel González Piñero, tiene sus dudas de que las deficiencias que han motivado su reclasificación estén en corregidas en primavera.
O al menos, en condiciones de operar con la categoría perdida.La connivencia de Junta y Ayuntamiento, pues, se queda en pecata minuta y bien intencionada comparada con la incapacidad de la gestora, Complejo Bahía Sur SL, para gestionar, cuando no de la negligencia que emana de los informes oficiales en los que hacen una trágica radiografía de la situación del complejo.
Infracciones para un cierre inmediato
La inspección realizada el 17 de noviembre de 2009 contiene deficiencias producidas por la falta de mantenimiento en una buena parte, pero también deficiencias que ponían en peligro la integridad física de las personas, tanto las que viven allí permanentemente como aquellas que ocupaban las unidades de alojamiento en calidad de clientes. Y sin olvidar las denuncias de una parte de los propietarios que incluso motivaron el cierre de las piscina por deficiencias peligrosas, aunque se trataba de la denuncia y decisión de una de las partes en conflicto y, por ende, podría ser subjetiva.
Siempre según ese informe, las zonas comunes carecían de requisitos imprescindibles para un complejo de primera caterogía, entre ellos recepción y teléfono para comunicar con las unidades de alojamiento. Todo estaba centralizado en el hotel.Pero en lo que se refiere a la inspección módulo por módulo, en los estudios y bungalós se detectaron camas en mal estado, neveras oxidadas, enchufes rotos, paredes sucias, despintadas y con humedad,suelos sucios y manchas de grasa...
Los peores problemas, sin embargo, se daban en el módulo de apartamentos y dúplex, donde se concentran la mayor parte de los que compraron con la intención de residir allí -engañados sin querer o queriendo- , donde se detectó que los patios interiores de las ventanas estaban cerrados con una montera, impidiendo su ventilación. Una obra ilegal realizada por los propietarios.
Lo peor, en la Manzana 4, es que no funcionaban las puertas de seguridad contra incendios en el 90 por ciento del bloque; tampoco el cierre antipánico; no estaba señalizada la salida de emergencia; los detectores de humo y la alarma contraincendios, rotos... y cada uno había puesto la puerta de su casa como le había dado la gana. Como si fuera suya.
Lo que ha ocurrido es la prueba del fracaso del modelo de gestión
Visto lo ocurrido durante estos años en el complejo hotelero y cómo se ha llegado a la degradación de uno de los mejores complejos de la provincia, es cierto que el hecho de que residan allí diez, veinte, treinta o cuarenta familias puede considerarse un hecho anecdótico y en modo alguno causante de que la ciudad se haya quedado sin las plazas hoteleras, que pierda dinero toda la ciudad y por supuesto, el complejo comercial Bahía Sur que deja de tener la clientela que prácticamente “se le caía encima” desde la zona de apartamentos. Amén de la actividad del propio hotel, que no puede organizar grandes actos.
La importancia, no obstante, que tienen esas unidades de alojamiento convertidas en domicilios particulares, es que son la consecuencia de la mala gestión de Complejo Bahía Sur SL, la prueba de que el modelo impuesto por los compradores del complejo en 2003 y aceptado a la fuerza por el Ayuntamiento -so riesgo de prevaricación- ha resultado fallido y de que ese modelo ha sido utilizado, y lo está siendo, por quienes dicen que compraron como inversión y están propugnando soluciones que pasan por la perversión total de las instalaciones.
Plataforma de inversores
La llamada plataforma de inversores de Bahía Sur viene dando pasos en contra de lo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el actual y el que entrará en vigor en poco tiempo, dice que tiene que ser el complejo. Y lo está haciendo bajo la amenaza de que cualquier solución para Bahía Sur -anunciada aunque no especificada por el Gobierno local a Izquierda Unida- pasa por un acuerdo con ellos, incluida la inversión que habría que hacer para remozar las unidades de alojamiento y las zonas comunes.
De esta forma y sin querer queriendo, los que residen en el complejo permiten a la citada plataforma inflar el problema social y poner contra las cuerdas al Ayuntamiento, sabedores como son de que la ciudad no puede rescatar las unidades vendidas y ponerlas en explotación sin contrapartidas.las influencia de rodwayPor cierto, la luz llegó al complejo Bahía Sur el pasado día 24 de noviembre y el propio presidente deja claro en un correo electrónico enviado a los vecinos afectos a su presidencia, que había conseguido el enganche de forma urgente a pesar de que Endesa iba a tardar 15 ó 20 días en comunicar a Manzana cuatro las mejoras que tenían que hacer en la instalación eléctrica.
El presidente de Manzana 4 y del Beach Club, Juan Pedro Rodway -de esta última comunidad depende la luz- dijo que no podía explicar cómo había conseguido el enganche tan pronto, a pesar de las mejoras que a las que les iba a obligar Endesa.
Se reproduce el documento para que no acusen a este medio de no contrastar las noticias, porque en el documento también queda claro cómo lo han pasado y hasta se han reído durante estos dos meses con el ruido del generador, e incluso han hecho amigos. Eso sí, cortarán la luz al que no pague. Todo en un complejo de gestión única.
Llega la madre de todos los desmadres
La prueba de que los precedentes no son buenos cuando se trata de traspasar los límites legales se encuentra en el impulso que están teniendo las reivindiaciones de la Plataforma de inversores de Bahía Sur, que llegan a exigir la implantación de una nueva legalidad que beneficie sus intereses.
Si bien es cierto que una vez que el modelo de gestión ha fracasado -o el modelo o los gestores- es lógico que se pida que cualquier acuerdo marco al que llegue el Ayuntamiento con CBS debería estar refrendado y concensuado con los inversores; si no, el problema persistirá.
Pero el problema se agrava cuando pretenden incluir entre las cláusulas la posibilidad de que los propietarios puedan disfrutar sus unidades “siempre que se quiera y sin limitación de tiempo, dejando a su elección disfrutarla o alquilarla”.
Eso contraviene el contrato de explotación presentado por CBS al Ayuntamiento en 2004 y que el Ayuntamiento tuvo que aceptar al no encontrar en él nada ilegal. Los vicios del modelo han ido llegando a la vez o después de que este periódico los fuera anunciando uno por uno.
La prueba más palpable de las dificultades que encierra a estas alturas un acuerdo no traumático -e inasumible al menos por la parte municipal- es la propuesta de máximos que esta Plataforma pone sobre la mesa al decir que “todo sería más fácil si se recalificaran las unidades como viviendas vacacionales en vez de estar como apartamentos turísticos”.
O sea, una segunda residencia a precios que en 2004 estaban por los suelos, aunque luego fueron subiendo. Esa es la herencia de Rodríguez Viñas y Oleger Pujol y de la connivencia de Ayuntamiento y Junta.
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