La juez que investiga los ERE ha aplazado la declaración como imputado de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, para examinar la documentación sobre los fondos que recibió de la bodega González Byass, mientras la Guardia Civil ha implicado al exdirector de Trabajo Juan Márquez en una ayuda irregular.

La juez Mercedes Alaya, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, aplaza la comparecencia de Fernández del miércoles día 18 al viernes 20, con la posibilidad de continuar el sábado.

Fernández ha sido citado como imputado por ser, presuntamente, conocedor de las irregularidades en el proceso de concesión de ayudas de la Junta y también como prejubilado en la bodega jerezana González Byass.

Antonio Fernández, que fue consejero entre el 2004 y el 2010, es el segundo alto cargo que comparece ante la juez, aunque también está citado el 26 de julio el exdelegado de su Consejería en Sevilla Antonio Rivas y han sido imputados el exviceconsejero de Empleo entre el 2004 y el 2010 Agustín Barberá; el director general de Trabajo entre el 2009 y el 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular en funciones, Daniel Alberto Rivera.

La juez ha entregado hoy a los abogados personados documentación sobre la inclusión de Fernández en un seguro de grupo de rentas suscrito por González Byass, aunque fuentes de su defensa han asegurado a Efe que no se trataba de una prejubilación como los demás trabajadores sino de la indemnización que le correspondía por su despido.

El factor diferencial, según la defensa, es que sus rentas no fueron abonadas con fondos públicos sino por la propia empresa, y en este caso el interesado aún no ha cobrado ya que no está previsto que lo haga hasta que se encuentre en desempleo, lo que no se ha producido.

Por otra parte, la Guardia Civil ha comunicado a la juez Alaya un avance de sus investigaciones sobre las ayudas a la Aglomerados Morell y asegura que el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, ya imputado, conocía que los 440.000 euros concedidos a Corvillete, una empresa vinculada a la empresa de aglomerados, "en realidad iban a revertir en beneficio de la familia" propietaria de la compañía.

Según la Guardia Civil, además, el dinero se iba a destinar "a la compra de cochinos, finalidad muy distinta a la que deberían ir dedicadas las subvenciones recibidas, teniendo en cuenta que el objeto social de la citada empresa es el sector del corcho".

Explica el escrito que el dueño de la empresa, Jorge Andrés Morell, en una ocasión llamó a la Dirección General de Trabajo comentando que "necesitaba el dinero urgentemente porque había cerrado el trato" para la compra de esos cochinos.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, por otra parte, ha notificado a los dos encarcelados hasta ahora -el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo- que deben indicar qué bienes deben ser embargados, al no haber sido capaces de depositar sendas fianzas de 686 y 2,3 millones de euros.

Dicha fianza les fue impuesta en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la cárcel, situación en la que se encuentran desde el 9 y 22 de marzo, respectivamente.