El informe de la Guardia Civil sobre las irregularidades en los ERE señala que varias personas, entre ellos el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, conocieron la existencia de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas y pusieron "trabas" a que se aclarasen los hechos.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya dice que al menos desde mayo de 2009 la Junta sabía que en el ERE de Mercasevilla se había incluido a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca había trabajado en la empresa, un hecho que fue denunciado públicamente por el PP en noviembre de 2010.
Afirma la UCO que la delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla, que entonces dirigía el imputado Antonio Rivas, ante la petición de explicaciones por parte de la dirección general de Trabajo, se opuso a enviar el listado completo de trabajadores.
Además, el exdiputado socialista andaluz Ramón Díaz, entonces asesor de la Consejería, verificó los datos de los 40 beneficiarios pero "no localizó a Garrido Santoyo como intruso", añade el informe, al que ha tenido acceso Efe.
La UCO concluye que el comportamiento de Rivas "solo puede responder a un intento de ocultar posibles irregularidades en la tramitación" de los expedientes y "dificultar o dejar incompleto" el informe.
Según el informe, desde marzo de 2009 los responsables de Empleo también sabían que se habían dado ayudas oficiales a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, lo que motivó una investigación que detectó que sus empresas habían sido constituidas en fechas próximas a la adjudicación de las ayudas.
Cuando el imputado Juan Márquez llegó en 2009 a la dirección general de Trabajo -dice la UCO- ordenó una investigación sobre la vida laboral de los prejubilados de Mercasevilla por la sospecha de que pudiera haber intrusos, pero finalmente durante su mandato "se siguieron produciendo irregularidades como la inclusión de nuevos intrusos" en empresas como Calderinox.
Márquez y el exviceconsejero Agustín Barberá "dieron continuidad" a las decisiones adoptadas por Guerrero -que fue director general entre 1999 y 2008- pero además les dieron "forma y cobertura legal", según la UCO.
Ello a pesar de que "era conocida, tanto por los responsables de la Consejería como por él mismo, la irregular forma de proceder" de su antecesor.
Los investigadores afirman que no solo Guerrero incluyó intrusos, sino que siendo Márquez director general "con la presunta participación de Antonio Rivas y Ramón Díaz se metieron dos intrusos entre los beneficiarios de Calderinox", entre ellos Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales.
El informe de 304 páginas sobre la dirección general de Trabajo relata una reunión celebrada en octubre de 2008 entre Márquez y el exgerente de Mercasevilla, el imputado Fernando Mellet, en la que éste presionaba "en tono amenazante" para ampliar las prejubilaciones y apelaba a "la afinidad entre ambas instituciones, por pertenecer al mismo partido" en alusión al PSOE.
Márquez, que estaba "indignado y alterado", le dijo "que no se le ocurriera prejubilar a nadie y que las cosas ya no eran como antes, que buscase otra solución empresarial" porque "los tiempos de Guerrrero se habían acabado", según el testimonio de una funcionaria presente en la reunión.
