La sentencia del Supremo es de esos textos de los que hay que leer dos veces. Por abrumadora mayoría, los magistrados han sentenciado que no cabe aplicar el derecho de objeción de conciencia a una ley como la de Educación para la Ciudadanía. El Tribunal, en este punto, señala que la objeción de conciencia no es de aplicación universal, que es un derecho a ejercer en causas tasadas que tienen que ver con los asuntos de conciencia moral, de convicciones religiosas pero no con el papel del Estado de procurar transmitir los valores constitucionales. Es obvio que encaja en la objeción de conciencia el derecho de los médicos a no realizar abortos.

Resulta impecable que el Tribunal ponga encima de la mesa el derecho y obligación del Estado de transmitir los valores constitucionales, contenidos en nuestra Carta Magna de la que nadie se ha preocupado de llevarla a las aulas, de manera que nos encontramos con universitarios y no universitarios que ni siquiera la han leído.
Es obvio que los niños cuyos padres han objetado a la LEC van a volver a las aulas, pero lo que está por aclarar es si todo lo que se contiene en algunos manuales de la LEC es “valor constitucional” y no roza el delicado mundo de las convicciones. La igualdad, el respeto a las ideas ajenas, la igualdad ante la ley, la solidaridad, son valores constitucionales sin cuya existencia no habría ciudadanos sino súbditos. Ahora bien, ¿es un valor constitucional enseñar a un niño de 13 años como se coloca un condón? ¿Por qué una familia de padre, madre e hijos es tradicional y moderna la formada por dos mujeres y un hijo/a? Se podrían poner muchos ejemplos para ver hasta qué punto la forma de trasladar algunos conceptos tienen poco que ver con el sentido profundo de la educación y mucho con el adoctrinamiento.

Pero como ocurre siempre hay de todo. Una inmensa mayoría de colegios católicos, privados y concertados, han optado por no hacer caballo de batalla y de manera inteligente y coherente con el ideario del centro imparten la LEC sin mayor problema. El asunto no es tanto la asignatura sino el intento, nada disimulado según que autonomías, de trasladar, a través de ella, una forma de entender la vida, a nosotros mismos y lo que nos rodea y estos asuntos si que forman parte de la libertad y del derecho de los padres para elegir que formación tienen que recibir sus hijos. Ahora los padres tienen un papel decisivo, reconocido por la propia sentencia, y en sus manos está elegir el centro y exigir coherencia al mismo en lo que enseña a sus hijos.

 Pero la Educación para la Ciudadanía no dejará de ser un mero texto si de verdad los responsables políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en un asunto de este calado. En treinta años de democracia hemos tenido seis leyes de Educación, hay tantas geografías como autonomías de manera que en el País Vasco, España no existe y en Canarias no se estudian los ríos porque en las islas no los hay. ¿Es esto serio?

Mejor nos iría si nuestros niños y jóvenes leyeran poco a poco la Constitución, se les inculcara la compasión hacia el compañero agredido, el compañerismo con el que le cuesta hacerse con las matemáticas , la generosidad para con ese abuelo ya viejo y cansado, el respeto para quien piensa y siente diferente. Creo que enseñar todo esto es posible sin necesidad de confrontar modelos de familia o recetas sexuales, sin violentar las creencias o los escepticismos de nadie. Nuestros políticos, durante ¡treinta años! no han buscado, no han querido el acuerdo y así estamos, a la cola de los demás pero encantados de habernos conocido.