La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, sostiene en uno de sus últimos autos que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, actualmente en prisión provisional a cuenta de su papel en los hechos, obtuvo un total de 492.665 euros a cuenta del rol jugado en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla con cargo a los fondos autonómicos. El descubrimiento de una petición de comisiones ilegales a manos de dos exdirectivos de Mercasevilla, por cierto, marcó el comienzo de esta macroinvestigación.
La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
PREJUBILACIONES FRAUDULENTAS
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. La juez Alaya, en ese sentido, sostiene que "la clave" de la trama reside en "las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras" encargadas de los cálculos y aspectos técnicos de las citadas pólizas, porque de ellas "se surte cada interviniente" en la trama.
"SOCIEDADES PANTALLA"
La juez Mercedes Alaya, además, señala el "amplio entramado de sociedades pantalla" creado supuestamente por Lanzas y sus colaboradores para cobrar el dinero correspondiente a estas sobrecomisiones. En ese sentido, en el auto mediante el que la juez ordenó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Juan Lanzas, recogido por Europa Press, Alaya dedica un capítulo a los dos expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla. Como se recordará, en el primero de ellos figuraba la prejubilación de Carmen Fontela, quien jamás había trabajado en Mercasevilla, si bien esta mujer ajena a la empresa no disfrutó finalmente de la póliza de seguro de rentas.
Ya en el expediente de regulación de empleo de 2007, sometido a un intenso conflicto al desvincularse la Junta de Andalucía de su financiación por no haber seguido la canalización administrativa, fue plenamente prejubilado Antonio Garrido Santoyo, un miembro de la ejecutiva local socialista de Baeza (Jaén) que nunca jamás trabajó para la sociedad gestora de la lonja hispalense. Pues bien, en este citado auto de orden de ingreso en prisión para Juan Lanzas, la juez explica que en ambos ERE "intervino Juan Lanzas".
LOS "BUENOS CONTACTOS" DE LANZAS
Según desgrana en su auto, Francisco Javier González, agente comercial de Vitalia, habría aprovechado en 2003 su "buena relación" con el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), para acercase al entorno de Mercasevilla y "plantear un ERE para rejuvenecer a la plantilla". Tras haber acordado este aspecto con Fernando Mellet y Daniel Ponce, entonces al frente de Mercasevilla, les "remitió" a Lanzas a la hora de buscar la financiación de la Junta de Andalucía "dados sus buenos contactos" con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero.
Tras haber obtenido la financiación de la Junta de Andalucía gracias a Lanzas, siempre supuestamente, Mercasevilla promovió el mencionado ERE y "pagó los honorarios a Juan Lanzas mediante cinco transferencias a Juan Francisco Algarín, en la cuenta de éste en la Caja Rural", con lo que Algarín habría actuado como testaferro de Lanzas. Por lo que se refiere al ERE de 2007, Mercasevilla encargó la búsqueda de financiación pública a la sociedad 'Maginae Solution', cuyo administrador único es Ismael Sierra, cuñado por cierto de Juan Lanzas.
Juan Lanzas, según concluye la juez, habría cobrado de las arcas de Mercasevilla 492.665 euros, toda vez que Alaya le atribuye además la prejbilación fraudulenta de Antonio Garrido Santoyo, quien como Lanzas había pertenecido a UGT. "La inclusión de Garrido Santoyo habría sido promovida por Lanzas por sus relaciones personales y de afinidad política", señala la juez Mercedes Alaya.
