La enorme red de centros tecnológicos creada por el Gobierno andaluz en la última década, que suma 33 instalaciones repartidas por toda la comunidad con cientos de trabajadores, está sufriendo graves problemas financieros desde hace meses derivados del retraso de dos y hasta tres años en la gestión de los expedientes de ayudas a la I+D con que estos centros se financian. La consecuencia de todo ello es que, en algunos de ellos, no se ha podido abonar la nómina de diciembre ni la paga extra de final de año, según fuentes de distintas instalaciones de este tipo consultadas por www.andaluciainformacion.es.
Las mismas fuentes señalan que el retraso en la gestión de los expedientes por parte de la Junta deriva de una mezcla de dos factores fundamentalmente: falta de personal, y excesivo celo de los interventores por la presión de los casos de corrupción como el de los ERE o el de la Formación. A ello se añade el cambio de la competencia sobre la gestión de las ayudas de la I+D con la que sobreviven las 33 instalaciones de la consejería de Empleo a Economía desde 2015.
Por todo ello, el próximo lunes 18 se va a producir una reunión de los máximos representantes de estos centros tecnológicos para analizar la situación y estudiar medidas.
Fuentes de la consejería de Economía, que dirige el exrector de la Universidad de Sevilla Antonio Ramírez de Arellano, reconocen los retrasos y señalan que desde la Junta se ha hecho un esfuerzo para que antes de que finalizara 2015 se hubieran tramitado el máximo de expedientes posible. Señalan no obstante que estos centros, cuya puesta en marcha impulsó el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo desde 2004 a 2008, no pertenecen a la Junta sino que son fundaciones privadas con patronos tanto públicos como privados. Y que no en todos ellos hay presencia de la Junta, presencia que cuando se produce está además repartida entre entes de la consejería de Empleo y de Economía.
Patronos
Las fuentes de los propios centros consultadas señalan que la Junta está trasladando a esos patronos privados que va a ser necesaria su implicación económica directa para que sobrevivan estas instalaciones. Entre ellas están desde nombres de prestigio, como el Instituto Andaluz de Tecnología, la asociación Aicia de la Escuela de Ingenieros de Sevilla o el CTAER (energías renovables), a otros menos conocidos como Faico (óptica) o Innovarcilla (Jaén).
La financiación de estos entes se planteó en sus primeros años mediante ayuda directa de la Junta para cubrir su necesidades básicos, lo que se denomina una financiación basal. Pero en 2012 se suprimió la fórmula por los recortes presupuestarios. Desde entonces, y mediante una orden de ayudas, los centros tecnológicos han de competir por captar proyectos de I+D de las distintas administraciones para respaldar el coste de sus plantillas investigadoras y sus gastos generales. El retraso en la gestión de los expedientes que justifican el uso de esos fondos públicos para I+D le ha llevado al borde del colapso.
Desde Economía se insiste en que sin justificar los gastos, no se pueden abonar las ayudas a la innovación. Hay, en este sentido, varios secretarios generales de las dos consejerías implicadas, la de Empleo y la de Economía, trabajando en una solución.
