¿Debe un funcionario cobrar más que su compañero de mesa, con una categoría laboral idéntica, si su rendimiento es superior o es más eficaz en su desempeño diario? El debate no es nuevo, pero este jueves lo resucitó del olvido la Junta de Andalucía por boca de la consejera que maneja las finanzas y al mismo tiempo los hilos de la Administración autonómica, María Jesús Montero, por lo que se antoja que la propuesta tendrá algún tipo de recorrido. Se trataría, esbozó, de “recompensar, retribuir y reconocer el talento, el esfuerzo y el compromiso” a los empleados públicos que mejor cumplan, aunque en teoría se refería a un proyecto aplicable por ahora a su departamento y “en un futuro”, porque la recuperación económica, latente pero aún por consolidar, no invita a muchos excesos.
Según esa teoría, debe acabarse con el “café para todos”, una expresión acuñada para disputas políticas en clave más territorial pero que sirvió a la consejera para apostar por recompensar en sus nóminas a “aquellos que sean los mejores, en cuanto a talento, dedicación y esfuerzo, en materias objetivables”. Lo contrario, hacer tabla rasa y aplicar salarios comunes a los funcionarios de un mismo grupo o escalafón, “muchas veces hace que las personas se desincentiven”, alerta.
Los precedentes, sin embargo, no juegan a favor de Montero. El primero en lanzar el gran envite fue Jordi Sevilla, convertido por Zapatero en ministro de Administraciones Públicas, allá por 2006. Fue él quien lanzó el polémico “se acabó que los funcionarios tengan un puesto para toda la vida” y dibujó una batería de hasta tres iniciativas legislativas para reformar el entramado burocrático que incluía una evaluación periódica del personal y retribuciones variables como premio a la eficacia. Luego sería relevado y todo quedaría en un simple proyecto. Manuel Chaves, siendo vicepresidente tercero del Gobierno, intentó recuperarlo en 2010 y también el PP ya en 2012, pero la crisis y el freno a cualquier gasto adicional lo diluyeron.
Joaquín Álvarez, secretario de Acción Sindical de CSIF en Andalucía, asegura a Andalucía Información que “cualquier mejora en la Administración es positiva”, pero con un pequeño gran matiz: el incentivo “debe ser un aumento de sueldo para quien sea productivo, pero no un recorte” para el resto.
El gran escollo: ¿qué y cómo se evalúa?
El SAS, integrado en la Consejería de Salu que dirigió Montero, ensayó un sistema similar, la carrera profesional, paralizado por la crisis y varias sentencias. El escollo, advierte CSIF, es cómo evaluar algo tan subjetivo como el rendimiento de un funcionario y, sobre todo, quién se encargaría. “¿Cómo se decide que un directivo del SAS cobre 30.000 euros en productividad y un celador 600?”, pregunta el sindicato.
